La informalidad y el mal uso de las aplicaciones de delivery tienen repercusiones en la seguridad del país. En Quito se pretende regularizar el servicio para disminuir, sobre todo, los robos. 

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“Algunos ladrones haciéndose pasar por deliverys entran a las urbanizaciones y roban. No se sacan el casco”, dijo Pabel Muñoz, alcalde de Quito, en su último informe. Resaltó que hay quienes sí trabajan honradamente. Por lo que no se busca prohibir la actividad, sino normarla.

Carolina Hevia, representante del Frente de Trabajadores de Plataformas Digitales del Ecuador, comentó a EXTRA que esto sucede porque las empresas no tienen el control en la dotación de las maletas. “La indumentaria debe estar codificada. Ahora la venden y por eso hay hasta grupos de Facebook donde se ofertan”, explicó.

La realidad es preocupante. Hevia contó que es ilegal alquilar las cuentas. Es decir, existen personas registradas que entregan sus datos y claves a quienes no tienen papeles en regla. Eso no es todo, Hevia dijo que incluso dentro de los departamentos de soporte se cobran ‘vacunas’ para dirigir los pedidos a ciertos grupos. “Eso las empresas lo saben y no hacen nada”, reclamó.

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Estas irregularidades han permitido que las bandas delictivas permeen este servicio. “Se puede hablar incluso de grupos transnacionales. En Chile, por ejemplo, opera el Tren de Aragua a través de las aplicaciones”, dijo.

Se refirió también a un crimen en Manta en el que murió un repartidor, quien aparentemente era parte de la banda de Los Choneros y un enfrentamiento con Los Lobos le habría costado la vida. “Incluso se sabe que los ‘chulqueros’ usan estos uniformes para hacer sus cobranzas. Cualquiera puede tener el uniforme”, resaltó.

Anahí Saichanero trabaja como repartidora desde hace dos años. A pesar de que trabaja hasta 12 horas diarias, logra reunir un poco más del sueldo básico. “Antes tenía trabajos temporales y mal pagados. Al menos aquí saco más”, relató.

Ella también está de acuerdo con el proyecto de ordenanza que se debate en la Comisión de Movilidad del Concejo Metropolitano de Quito. “El control también nos beneficia porque corremos peligros también”, recalcó.

Eduardo Marín, también repartidor, expresó que la normativa ayuda a mejorar la seguridad tanto para ellos como para los locales y los clientes. “Cualquier cosa que sea regulación es positiva. Y que se reconozca nuestro trabajo”, dijo.

Anahí, sin embargo, cree que resultaría muy difícil evitar que las cuentas se alquilen, puesto que al ser trabajadores autónomos no tienen contratos que se los prohíban.

Hevia agregó que este trabajo ha sido estigmatizado y que quienes trabajan honradamente son los perjudicados. “Esto podría cambiar si los trabajadores serían contratados como parte de la empresa”.

Para Diego Vivero, director de la agremiación de restaurantes de Pichincha, este servicio es un aliado estratégico para estos negocios. “Nosotros hemos reducido el riesgo al mínimo. Por ejemplo, no ingresan, para entregarles la comida les pedimos que nos enseñen la aplicación”, dijo.

Para él, el problema está en las calles y celebra que este tema pendiente ya haya sido tomado en cuenta. “Nuestro gremio fue el que impulsó la ordenanza, varias de las cosas que están allí las hemos discutido”, recalcó.

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