Este febrero de 2021, la Defensoría Pública recuerda y celebra un año desde que Bertha Revelo Erazo, una humilde ama de casa de El Coca, provincia de Orellana, recuperara sus derechos como persona viva, después de más de 13 años de estar declarada como muerta. Fue la misma entidad la que le brindó patrocinio legal para que el Registro Civil certifique que se encontraba viva y pueda ejercer sus derechos ciudadanos.

El suplicio de esta madre de familia inició el 24 de marzo de 2006 cuando ella viajaba en un bus de la Cooperativa Baños, rumbo al Coca-Orellana, el cual cayó por un barranco de aproximadamente 200 metros de profundidad, y dejó varias personas heridas y otras fallecidas.

"Bertha no murió pero perdió la memoria. Deambulaba en las vías, hasta que una familia manabita la acogió y decidió no comunicar a la policía, por temor a ser denunciada por secuestro. mientras tanto Roberto Carrión Revelo, su hijo. la buscaba intensamente, aunque ella no sabía", narra la Derensoría.

Muerta por sentencia judicial

Mientras estaba 'muerta' por sentencia judicial fueron años muy difíciles. A Revelo, entonces un poco más joven, le negaban el acceso a servicios básicos, como la atención médica y otros, porque en los registros aparecía como persona fallecida.

Con el paso del tiempo recuperó parcialmente la memoria y después de 10 años del accidente, en mayo de 2016, en Quito, se reencontró con su hijo; sin embargo, al existir una sentencia judicial que la declaraba fallecida, no podía ejercer sus derechos ciudadanos, ni asumir la posesión de sus bienes.

En ese mismo mes y año, acudió a la Defensoría Pública de Napo, en busca de ayuda y orientación legal. Inmediatamente, la institución inició las diligencias necesarias para rehabilitar la situación jurídica de Bertha, como ciudadana ecuatoriana.

Con el acompañamiento permanente, el defensor público del Napo, Christian Rodríguez, logró en diciembre de 2018 que la oficina técnica del Registro Civil, mediante cotejo dactilar, certifique que Bertha “se encuentra viva”. Con este documento se inició una batalla judicial para que se deje sin efecto la inscripción de su defunción y recuperar sus derechos ciudadanos, entre ellos la posesión definitiva de bienes, que estuvo a favor de su hijo.

"Este fue un caso inédito para la Defensoría Pública, debido a que no existían antecedentes de este procedimiento en el Código Orgánico de General del Procesos ni en la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles", recuerda Rodríguez.

'Vuelve' a la vida

Desde 2016 hasta 2019 se realizaron siete impulsos judiciales hasta que, finalmente, en febrero de 2020, la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, con sede en el cantón Tena, en audiencia, aceptó la demanda planteada por la Defensoría Pública y declaró la nulidad de la sentencia de muerte presunta.

El defensor público destacó que con el fallo se rehabilitó a la ciudadana ecuatoriana como sujeto de derechos, restituyéndole principalmente el derecho a la identidad.

El de Bertha Revelo, es uno de los 233.834 casos atendidos por la Defensoría Pública, a nivel nacional, en  2020. El patrocinio, penal y no penal, constituyó el 86.76 % de los casos, informó la entidad.