La colocación de paquetes con forma de cuerpos humanos en los exteriores del Complejo Judicial, ubicado en el centro comercial Albán Borja, desató alarma ciudadana y movilizó a al menos 40 policías de diversas unidades. Este suceso, ocurrido el viernes 13 de diciembre, provocó la suspensión de aproximadamente el 90 % de las audiencias programadas para ese día.

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El fiscal César Morán, quien tiene su oficina en este complejo judicial situado en la avenida Carlos Julio Arosemena, confirmó la paralización de actividades tras el hallazgo de los bultos. Además, se encontraron dos paquetes similares en un parque de Guayacanes y en la vereda de Sauces 3.

Las investigaciones permitieron la aprehensión de un hombre y una mujer, ambos estudiantes de la Universidad Casa Grande, quienes fueron detenidos cerca del mediodía y puestos a disposición de las autoridades judiciales. Sin embargo, este sábado 14 de diciembre, durante la audiencia de formulación de cargos, se les concedió la libertad.

La universidad, mediante un comunicado, explicó que los paquetes formaban parte de un proyecto académico liderado por un docente, cuyo objetivo era realizar intervenciones artísticas en espacios públicos para generar reflexiones sobre problemáticas sociales, como la violencia.

“El propósito es que los estudiantes y futuros profesionales no sean ajenos a su entorno y despierten en la ciudadanía una conciencia profunda sobre los problemas graves que hemos naturalizado, como la violencia y los conflictos sociales y medioambientales”, expresó la institución educativa.

Alarma social

El fiscal Peña y el coronel Pablo Ramos, comandante de la Policía de la Zona 8, calificaron el hecho como un posible acto “terrorista e irresponsable”. Coincidieron en que el impacto generado pudo desencadenar consecuencias graves.

“Estos actos causaron la paralización de servicios públicos, alarma social y caos en la ciudad. Días antes, se había dejado un taco de dinamita en el vehículo de un juez. La ciudadanía, al ver estos supuestos cuerpos, reaccionó con pánico, lo que pudo derivar en violencia, incluso contra los mismos estudiantes. Fue un riesgo tanto para ellos como para los policías”, enfatizó Peña.

El Complejo Judicial, que alberga el Tribunal Penal, el Juzgado de Garantías Penales y el Juzgado de Garantías Penitenciarias, realiza alrededor de 180 audiencias diarias.

“El traslado de reclusos también quedó restringido debido a la conmoción generada. No se puede normalizar este tipo de alarmas sociales, menos aún con intervenciones que provocan más caos”, añadió.

Desvío de recursos

El coronel Ramos detalló que entre 30 y 40 policías intervinieron en los tres eventos relacionados. Las acciones incluyeron el aislamiento de las áreas, la participación del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) para descartar la presencia de explosivos, y el trabajo de Criminalística e inteligencia para recopilar evidencia y judicializar el caso.

“Este incidente desvió recursos humanos y logísticos de actividades esenciales en la ciudad, afectando nuestras operaciones diarias. No entendemos cómo un profesor y sus estudiantes decidieron implementar este tipo de intervención sin prever su impacto en la comunidad”, señaló Ramos.

Ana Torres, comerciante con un negocio cercano al complejo, calificó el hecho como irresponsable. “Esto no solo generó alarma social, sino que pudo causar víctimas mortales. Imagine que alguien ve esos bultos y reacciona de manera violenta, como atropellar a los responsables o que un policía les dispare. No consideraron las posibles consecuencias”, lamentó Torres. 

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