Luego de tres meses de firmado el convenio de acción conjunta entre el Municipio de Guayaquil y el Gobierno, dialogamos con el Comandante de la zona 8 de la Policía Nacional, general Ramiro Ortega, sobre diferentes aspectos: el convenio, los delitos en Guayaquil, la problemática de seguridad, la migración, los puntos críticos y porte de armas, entre otros.

- El convenio entre el Municipio y el Gobierno se firmó. Hay proyecciones favorables. Pero ¿qué se ha logrado hasta ahora?

- Estamos trabajando en el mismo norte. Nosotros no hemos implementado todavía ninguna acción en virtud al convenio. Existe eso sí el ofrecimiento por parte del Municipio de entregarnos 65 vehículos y 50 motocicletas, y por parte del Gobierno, de darnos una cantidad igual. Eso nos permitirá fortalecer las acciones de la Policía, incluso el Cabildo nos ha pedido que en esto tome parte la Policía Metropolitana. Hemos ya conversado.

¿Se ha logrado neutralizar la inseguridad en la ciudad?

El solo convenio no reduce las cifras en este momento, porque no hay aún ninguna actividad operativa, todo se está armando. Ya hay un entrelazamiento de información entre la Corporación de Seguridad Ciudadana de Guayaquil (CSCG) y el ECU 911, sí. La CSCG en algún momento será el ECU-911 de Guayaquil y de hecho se está comprando el equipamiento necesario y la Policía está lista para asignar a unos 150 agentes para que, por turnos, apoyen y fortalezcan las operaciones. Las cifras, por lo tanto, no se han reducido, pero sí las hemos contenido. No hay incrementos.

¿Cuál es el porcentaje actual de delitos en la ciudad?

- Las cifras las lleva el Ministerio del Interior. Sin embargo, estos meses, en relación al primer quinquemestre del año, sí evidencian que no hubo el crecimiento que se reflejaba en nuestros monitoreos mes a mes. Hemos logrado contener el delito y estamos trabajando por la reducción. Los operativos se han multiplicado. Mas hay que tener claro que en una ciudad como Guayaquil, los delitos no van a desaparecer.

“...En los último años, a Guayaquil han llegado alrededor de 400.000 personas más, entre ellos 150.000 extranjeros. La migración ha crecido y no es por prejuiciar, pero la presencia de algunos venezolanos ha generado inseguridad. Es público lo que pasa”.

El oficial señala que a causa de ese crecimiento poblacional, en la urbe hay 534 habitantes por kilómetro cuadrado, cuando a nivel nacional el promedio es de solo 56 personas. “Es demasiado...”.

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- Guayaquil tiene entonces los mismos problemas de siempre...

- No, hay avances y muchos. Solo este año en la Zona 8 hemos desarticulado 294 bandas, hemos detenido a 6.800 personas por acto flagrante y hemos decomisado 1.272 armas de fuego. Si nos comparamos con el año anterior, hay grandes diferencias. Hemos decomisado el 75 % de armas más y, asimismo, el 1.482 % más de municiones. Aquí hay un trabajo sostenido. Nosotros, obviamente, estamos preocupados por el incremento que, por los diversos factores, puedan irse generando; no obstante pienso que cuando se ponga en práctica el convenio los niveles mejorarán aún más.

¿Cuáles son los puntos más críticos de la urbe?

No podemos atribuirle los delitos a un solo territorio. El centro de Guayaquil y los distritos Modelo y 9 de Octubre, por ejemplo, siguen siendo los puntos donde se comete más el robo a personas porque ahí está el comercio, el turismo y es donde se congrega la mayor cantidad de personas. Sin embargo, hay sectores, como el distrito sur y Los Esteros, donde se genera una cultura violenta, en su mayoría por tráfico de droga, el control de territorio o la hegemonía del poder.

Socio Vivienda 2 es otro ejemplo de cómo la venta y consumo de drogas y los índices de violencia se han tomado prácticamente el territorio, ¿qué están haciendo para frenar el problema?

- En el Distrito Sur hemos asignado de forma permanente a 50 policías uniformados y los resultados han sido los esperados. En Socio Vivienda es diferente. Se ha intervenido el lugar, pero la propia comunidad no colabora ni quiere participar de las acciones que ejecutamos y planteamos. Es difícil entonces. Si la población no es la aliada de esta institución, difícilmente los delitos van a bajar. La convivencia tampoco mejorará.

Algunos residentes plantean declarar el sitio en estado de excepción. ¿Se podría?

- No, es una medida exagerada. La comunidad no puede ver restringidos sus propios derechos porque no colabora. Es sencillo. Si controlan dónde está su familia, qué están haciendo sus hijos, en qué escenario están creciendo estos, no habrá necesidad de declarar estado de emergencia. Es verdad que todos, la Policía, el Municipio y la Gobernación están preocupados con la situación que allí se vive..., pero el aporte de la comunidad es un actor principal y lastimosamente allí no están colaborando.

- EXTRA ha publicado varios temas sobre la inseguridad que se experimenta no solo en la urbe, sino en las carreteras que conectan al cantón con otro e incluso en el agua. Ante ello, pescadores, ganaderos y transportistas han considerado viable la idea de portar armas. ¿Cuál es su opinión al respecto?.

- La política del Estado es clara: hay que evitar el porte de armas. Si nosotros estamos trabajando por desarmar a la población, por lo tanto no se las debe usar de forma pública. No es conveniente.

Sobre el hecho de si los integrantes de la institución tienen las garantías suficientes para usar sus armas (algo que, a decir de algunos especialistas en seguridad, es un punto que debe ser fortalecido en el país), Ortega asegura que sí las tienen. “La Policía siempre ha tenido su base legal para actuar, cuando sea necesario. Cumple con su trabajo y si tiene que enfrentarse a la delincuencia lo hará de forma contundente. Aquí no vamos a darle oportunidad a la delincuencia a que siga generando un ambiente de inseguridad. Eso no”, advirtió. (DSZ)