Una vivienda de 480 metros de construcción fue derrocada en el Lote A36, ubicado en la parroquia de Calderón, norte de Quito. Esta acción se realizó entre varias entidades municipales y nacionales como Agencia Metropolitana de Control (AMC), la Secretaría de Seguridad, Cuerpo de Agentes Metropolitanos, Fuerzas Armadas, entre otros. No fue un proceso fácil pues sus ocupantes se resistieron.

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En esta zona se registra el caso más grande de okupas o invasiones en Quito, pues los vecinos han enfrentado amenazas y violencia por parte de quienes tomaron posesión de sus terrenos e incluso casas. Una problemática que viene desde 2019, cuando se registraron los primeros enfrentamientos.

En este caso, según la AMC, la demolición de la casa es parte de un procedimiento de sanción iniciado en julio de 2022 que tiene orden judicial emitida en agosto de 2024. "Este caso sienta un precedente como el primer procedimiento administrativo sancionador que culmina en la demolición de una construcción ilegal en esta zona", dice el comunicado.

Así también lo han visto los vecinos de la zona. Una dirigente del Barrio Ecuador, ubicado en dicho lote, contó a EXTRA que "les ha vuelto la esperanza de recuperar sus terrenos". "Aunque no nos dan detalles por seguridad, sabemos que habrá más intervenciones", dijo la dirigente, que, por seguridad pidió no ser identificada.

Para la vecina se viene la parte más dura del proceso, pues durante la intervención los invasores se enfrentaron a las autoridades alegando que eran dueños del predio. Incluso mostrando papeles de compra y venta que no son válidos.

Eso no fue todo, durante la operación dos agentes metropolitanos resultaron heridos, debido a la violenta reacción de los ocupantes del predio. Diana Valverde, ejecutora metropolitana de la AMC, dijo en la intervención se ejecutó porque la vivienda se construyó sobre un predio municipal, que, además es un espacio verde.

A pesar de que los uniformados permanecieron hasta la noche del 23 de octubre, los ocupantes habrían amenazado a otro de los dirigentes del barrio. "Se acercaron a su casa para amenazarlo de muerte, aunque los vecinos no tenemos nada que ver con esos procesos", aseveró la moradora.

Ahora se desarrolla un proceso de regularización de esos terrenos, en primera instancia son 62 lotes que ya están en proceso de escrituración, según la dirigente. Pero el problema empezó en 1994, cuando el dueño del macrolote decidió fraccionarlo para venderlo sin  autorización municipal.

El Cabildo sancionó con una multa al dueño y, al no poder pagarla, el macrolote pasó a ser de propiedad del Municipio de Quito. Hasta que pasara todo este proceso, centenas de personas ya pagaron por los terrenos y hasta se erigieron barrios. En 2019, vino más gente a posesionarse de los predios, incluso rompiendo candados y cadenas. 

El objetivo de realizar la regularización con los llamados compradores de buena fe, es decir los primeros, es poder desalojar a los okupas con una orden judicial, para lo cual ya existe una denuncia en Fiscalía. "Sabemos que el proceso está avanzando también", aseguró la moradora.

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