Por tercera ocasión las lavadoras de carros ubicadas en La Gatazo, en el sur de Quito, fueron intervenidas por la Agencia Metropolitana de Control (AMC), Empresa Metropolitana de Agua Potable, Secretaría de Ambiente y la Policía Nacional. Se hallaron reincidentes en operar sin licencias de funcionamiento.

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Aunque ya se han iniciado actos de sanción a 49 personas y se han clausurado 10 locales por no contar con licencias de funcionamiento este negocio sigue proliferando en la zona. Pablo Osorio, coordinador de operativos de la AMC, explicó que estos locales son pequeños cuartos que no cuentan con la infraestructura necesaria para esta actividad. "Lo hacen en el espacio público y eso es más barato".

Osorio explica que es necesario tener una infraestructura que incluso tiene que ver con los sumideros. "Lavar los carros en la vereda conlleva que los hidrocarburos se mezclan con el agua y las lavadoras deben desechar de forma correcta", agregó.

Además, para ejercer una actividad económica en el espacio público es necesario tener un permiso, ya que esto es regulado por el Municipio de Quito. "El espacio que tienen en los locales no entra un carro y el negocio debe ser en un predio privado", agregó Celso Aguilar, funcionario de la AMC.

Pamela León, jefe de control de consumos de la Epmaps, dijo que en este tipo de locales se evidencian eventualmente consumo indebido de agua, daños de medidores, entre otros. "En estos operativos verificamos el consumo y que los medidores sean los correspondientes".

Las autoridades refirieron que han sido los vecinos quienes han reportado estas actividades, en los que se ve el desperdicio de agua, sobre todo en un contexto en el que la ciudad ha enfrentado sequía durante los últimos meses.

Estas lavadoras deberían pagar una tarifa comercial que es más alta de la residencial, ya que usan el agua para obtener ganancias económicas. Según León, la mayoría sí tiene esta regulación, sin embargo, eso no quiere decir que el negocio sea legal, pues no es un requisito para esto la presentación de la licencia de funcionamiento. "Nuestro requisito es la verificación visual", aseveró.

Los dueños de los locales respondieron a la intervención. "No nos dan permisos, pedimos que nos reubiquen y no nos hacen caso", reclamó Hernán Chulde, quien recibió un acto de inicio sancionatorio.

Chulde explicó que hace poco cambió la tarifa de su medidor. "Pago más de 100 dólares al mes. Yo estoy cumpliendo", acotó.

Silvia Criollo, también propietaria de una lavadora, reclamó que su pedido de reubicarse en otros predios para ellos pagar arriendo al Municipio no ha sido escuchado. "Si es de pagar más impuestos pagamos, pero no hay soluciones".

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