Ahorrar o endeudarse para comprar un terreno o una casa es cada vez más difícil, sobre todo en países como Ecuador, donde el sueldo básico de 460 dólares no cubre la canasta básica, que está por los 797 dólares. Resulta un sacrificio, y los frutos no siempre son disfrutados por los compradores, sino por los llamados okupas, invasores que se meten a viviendas de otros.

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El fenómeno de los okupas no es reciente. En España tuvo auge entre 1960 y 1970, según una investigación del español Miguel Ángel Lorite, grupos de hippies y punkeros “se establecieron de forma más o menos permanente en viviendas que no eran utilizadas por sus dueños”.

Este movimiento cobró fuerza no solo en ese país sino en la Europa occidental y en Estados Unidos. En Ecuador no existe como un movimiento de protesta (como el que surgió allá), pero aquí también existen okupas que, igual que allá, utilizan amenazas para hacerse de predios o casas con dueños.

En Quito, la ocupación más grande es la que se registró en el lote A36, ubicado en la parroquia Calderón, de la que salieron seis barrios. Las ocupaciones empezaron en 2019. Grupos de personas, sobre todo de la zona norte de Imbabura, se tomaron los terrenos, que ya tenían cerramientos e incluso construcciones.

En febrero de 2023 hubo nuevos enfrentamientos. Los predios fueron invadidos. Los nombres de los dueños (ahora llamados compradores de buena fe) fueron borrados de las fachadas de las casas. El barrio Ecuador fue el que más resultó afectado. Desde la directiva relatan que rompieron candados y entraron. “Yo tuve que hacer una media agua (construcción pequeña) para que no me saquen”, dice José (nombre protegido).

Otros tenían empezadas las construcciones de sus casas y estos grupos de personas se quedaron allí. Ha pasado más de un año y no hay quien los desaloje. “Esto no es de nadie. Aquí es dueño el que se posesiona y viene a vivir”, le manifestó uno de los sujetos en ese entonces a EXTRA.

Ahora existe una convivencia relativamente pacífica con los que lograron quedarse en sus predios, pero la venta de droga, asaltos e incluso prostitución tienen a los vecinos en vilo.

Este no es el único caso. En el Centro Histórico por los menos 300 inmuebles están abandonados. De eso se han aprovechado también para ocupar las casas (la mayoría patrimoniales). Y aunque se clausuren las entradas, los invasores encuentran la manera de entrar.

Carolina Vargas tiene un departamento en la parte alta del Pasaje Amador y hace unos meses le robaron hasta cosas de aseo. “Eran personas que vivían en el edificio de al lado que está abandonado. Se trepan por las azoteas”, relata.

Debido a eso decidió poner cercas eléctricas, pues teme por su seguridad. Aun así ha visto grupos de personas merodeando por las azoteas. “Se nos llevaron hasta comida y licores. Es decir, se abastecieron con nuestra despensa”.

La policía ha ido por ahí, pero los ocupantes conocen tan bien los inmuebles que saben dónde esconderse para no ser encontrados. También sucede que cuando logran desalojarlos vuelven en cuanto pueden. “Esto ocurre sobre todo porque el edificio donde funcionaba el Hotel Auca quedó abandonado desde hace unos 10 años. Es del Estado, pero ni venden, ni ocupan”, dice Marcelo Almeida, otro vecino.

En La Mariscal, norte de Quito, también hay edificaciones abandonadas. Desde la pandemia, lo que fue la zona rosa de la capital no logra recuperar su productividad.

Patricia (nombre protegido) tiene un local junto a una casa que ha estado abandonada por al menos dos años, en la Foch y Reina Victoria. “Duermen ahí y en las mañanas salen. Consumen droga y alcohol, pero no puedo decirles nada porque son agresivos”, comenta.

Si bien las ocupaciones en el barrio Ecuador empezaron en 2019, la problemática surgió en 1994. Según David Paz, administrador zonal de Calderón, el dueño del macrolote decidió fraccionarlo para venderlo. Hasta ahí, todo bien. Para eso se necesita un permiso del Municipio de Quito, pero no se gestionó.

El Cabildo sancionó con una multa al dueño y, al no poder pagarla, el macrolote pasó a ser de propiedad del Municipio de Quito. Quienes compraron los lotes (todavía en sucres) quedaron en el aire. “Esto pasó en 2016, pero para eso ya había gente viviendo y construyendo ahí”, precisa.

En 2020 se aprobó una ordenanza que establecía un proceso de compra de los terrenos y que recién este año se ha ejecutado. Aunque de 1.085 predios solo se han vendido 62. “La gente no tiene para pagar dos veces por los terrenos”, dice María (nombre protegido), una de las moradoras.

El precio fijado es de 35 dólares el metro cuadrado y cada terreno tiene 200 metros. “Tampoco existe una garantía de poder desalojar a estas personas, porque recién con las escrituras se puede entrar a juicio y ahí ya es uno contra uno”, advierte María.

Como el espacio le pertenece al Cabildo, la entidad ya colocó una denuncia en la Fiscalía por ocupación ilegal de tierras. “Teníamos en el caso una fiscal que fue removida por su impavidez, así que prácticamente volvimos a cero”, explica el administrador zonal.

Los okupas incluso viven en áreas que están registradas como espacios públicos y de recreación.

Esta problemática se deriva también del abandono de los predios. Lira Villalba, de la Agencia Metropolitana de Control (AMC), explica que los lotes baldíos son un foco de peligro, no solo en temas de seguridad. “Hay riesgos de incendios, tanto en casas como en terrenos, por ejemplo”.

Dentro de sus competencias está el inspeccionar mantenimientos de aceras, fachadas y los lotes que no están en uso. “Cuando queremos notificar, nos topamos con que están en medio de litigios”, revela.

En el lote A36 se suspendieron obras porque no tenían permisos de construcción. “Los invasores siguieron construyendo, pero para eso debían tener escrituras. No sé cómo lograron obtener medidores de luz”.

Los vecinos que lograron permanecer en sus casas tuvieron que ponerle la mejor cara al problema. “A los que intentaron sacarme de mi casa, ahora los saludo”, cuenta José.

Asimismo, desde 2019 los invasores forman parte de campeonatos de fútbol de la zona. “Hay vecinos que juegan con ellos sabiendo que siguen habitando sus predios. Es incómodo”, agrega María.

Eso no es todo. Los hijos de quienes se tomaron los espacios se benefician de los servicios gestionados por los primeros dueños. “Tenemos un centro infantil y ellos van. No podemos negarles”, acota la vecina.

Eso sí, la coerción no termina, pues como todos usan los buses de la zona, son intimidados. “Ellos (los okupas) gritan diciendo que los sacarán muertos”, dice José. Aunque tienen medidores de luz, el servicio de agua potable lo conectaron ilegalmente de las tomas de las calles principales, según la directiva del barrio.

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