Los allanamientos, evidencias y detenciones tras el homicidio del ciudadano colombiano Jhoan Esteban Ríos Flores, de 22 años, en el norte de Quito, habrían sido en vano. 

Debido a la supuesta actuación irregular de la Fiscalía y la Policía, la jueza a cargo del caso dejó en libertad a un venezolano y a una ecuatoriana que habían sido aprehendidos (ver infografía), según consta en el acta de la audiencia, realizada en la Unidad de Flagrancia de La Mariscal, en el centro norte capitalino.

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El hecho violento ocurrió el miércoles 24 de julio de 2024. El extranjero baleado, quien ya no tenía signos vitales, fue abandonado en un hospital de Calderón por sus propios ‘panas’, quienes después fueron localizados para que dieran sus versiones.

En las declaraciones de un testigo se detalla que habían ido a cobrar una deuda, no de la víctima, sino del dueño del vehículo en el que se movilizaban, porque necesitaba el dinero para completar el pago de su letra mensual. Luego de eso, sufrieron el ataque.

En los allanamientos, los investigadores hallaron armas de fuego, droga que calificaba para tráfico a alta escala y otros indicios. Incluso, consiguieron videos en los que se identifica a los presuntos criminales, incluyendo al que había sido aprehendido: el venezolano Kevin Puches.

El sospechoso, además, fue señalado en el parte policial como posible integrante del grupo terrorista Los Lobos. A la mujer detenida, Melany Jáenz, no se le atribuyó alguna banda, pero fue hallada en la casa del otro individuo, también oriundo de Venezuela, a quien habían ido a buscar por el pago de la deuda. En este sitio encontraron la mayor cantidad de evidencia.

La audiencia se instaló a las 18:53 del 25 de julio. Fiscalía y defensa expusieron sus argumentos y después llegó el momento de la jueza, quien ‘soltó’ todo sobre las actuaciones en este caso. 

Primero indicó a la fiscal que no era justificación que dijera que recién había entrado a trabajar a las 16:00. De ahí, precisó que se estaba tratando un caso en el que hubo una muerte y a eso le sumó la supuesta alteración en el parte, acerca de la hora de una detención, para evitar que “se caiga la flagrancia”.

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A la Policía reclamó por la no existencia del análisis balístico y regresó al tema de los fiscales, porque a su decir, este tipo de situaciones no se darían “de vez en cuando, es el pan de cada día”. La jueza sostuvo que esto ya ha sido “puesto en conocimiento de las autoridades, a ver qué pasa con los señores fiscales”.

La magistrada concluyó que ya se habían pasado las 24 horas de la flagrancia y también dejó en claro que le habían pedido a última hora el agendamiento de la audiencia. “Fijo la hora de la audiencia a las 18:45, porque veinte minutos me tomó hacer relación de todo el proceso. Y Fiscalía y defensa, 18:53, muy campantes”.

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