El 17 de marzo de 2020, Alberto Proaño, salió de vacaciones sin saber que no volvería más al restaurante donde trabajaba como cocinero. A los pocos días de su tiempo libre, le llegó un correo electrónico que le notificaba su despido debido a la paralización de actividades comerciales causada por la pandemia del covid-19.

“Fue un balde de agua fría. Fui a hablar con un abogado y me dijo que no podían hacer eso porque estaba de vacaciones y la ley ampara a los trabajadores. Puse una denuncia y hablé con el abogado de la empresa. Me estaban dando $ 520 por casi cinco años de trabajo”, relató Alberto, de 36 años.

La empresa que lo dejó ‘pateado’ argumentó que lo liquidaba por caso fortuito. Según el numeral 6 del artículo 169 del Código del Trabajo, un contrato individual terminará por caso fortuito o fuerza por circunstancias que imposibiliten el trabajo, como incendio, terremoto, tempestad, explosión, plagas del campo, guerra y, en general, cualquier otro acontecimiento extraordinario que los contratantes no pudieron prever o que previsto, no lo pudieron evitar.

Pero la pesadilla no terminaba ahí: “Me llamaron para firmar el finiquito de contrato, pero estaban vacías las hojas. Yo no firmé, me rehusé y dije que todo lo iba a hacer a través del Ministerio del Trabajo”, contó Alberto, quien a pesar de la denuncia interpuesta, el caso quedó en el aire, debido a que el abogado que lo asesoraba le pedía honorarios por adelantado.

Resignado, este guayaquileño no se quedó cruzado de brazos y decidió iniciar un emprendimiento propio: vender comida a domicilio. Su nueva oficina: la casa de su suegra, en el Guasmo Sur de la urbe. Su especialidad: el chaulafán, aunque también vende otros platillos como arroz con menestra y chuleta.

“No se gana millonadas, pero sirve para mantenerse y seguir adelante, porque trabajo hay pero hay un pequeño abuso a lo que tiene que ver con horas de trabajo”, finaliza Alberto, quien es uno de los 45 mil desempleados del sector turístico a nivel nacional, según estimaciones de Holbach Muñetón, presidente de la Federación de Cámaras de Turismo del Ecuador.

Esta cifra equivale a un 30 % menos de empleos en el sector. Una situación similar vivió Emily Rocha, quien hasta abril trabajó en una agencia multinacional de cruceros. Ella era supervisora de operaciones en las Islas Galápagos.

“El 13 de marzo las noticias (sobre la pandemia) comienzan a estallar, tenía alrededor de 300 personas extranjeras en Galápagos a las que había que sacar. Comienza un trabajo arduo de codificación, con las aerolíneas y los gobiernos de cada país”, recordó Emily, de 29 años, e indicó que el cierre de aeropuertos fue como un efecto dominó: primero cerró Madrid, luego Ámsterdam, Fráncfort, etcétera.

Luego de que la empresa donde trabajaba Emily dispusiera que los empleados trabajen a distancia, ella agarró un par de maletas y se trasladó a su ciudad natal, Guayaquil. Sin embargo, un 26 de marzo, la llamaron para notificarle que acababa de ser despedida.

El drama había iniciado: Emily no recibió ayuda ni para el desalojo de su departamento en las 'islas encantadas', tuvo que pedirle a un excompañero del ‘camello’ que de favor lo haga. “Le pedí que vaya a desempacarme todo lo de mi departamento calzón por calzón”, contó. Además, ella asumió casi la totalidad de su pasaje de retorno al Puerto Principal y tampoco la reubicaron geográficamente tras su salida, como estaba estipulado en su contrato de trabajo.

Al igual que el caso de Alberto Proaño, la guayaquileña no recibió su liquidación completa. “No reclamé, decidí virar página. Afortunadamente, tuve una cultura de ahorro que muchas personas de mi edad no tenían, tenía ahorrado como 5 mil dólares, eso me ayudó a sobrellevar la pandemia”.

En los primeros días de septiembre, justo cuando sus ahorros se estaban agotando y luego de aplicar a varias empresas, Emily afortunadamente logró ser contratada por el área de mercadeo de una compañía guayaquileña.

El pasado 21 de septiembre, el COE Cantonal de Guayaquil anunció varias resoluciones, entre ellas, la autorización de un plan piloto para la implementación de restobares. Además, las áreas abiertas tienen prioridad con la garantía de medidas de seguridad.

Holbach Muñetón indicó a EXTRA que el Gobierno Nacional debe complementar estas medidas con otra: “Año de gracia total, para no estar pagando a la CFN los créditos de reactivación en un período de solo tres meses”.