A David, un paciente VIH positivo, el paro nacional por poco lo deja sin tratamiento. 40 dólares tuvo que pagar el joven en una aplicación de taxis para llegar hasta el Hospital Docente de Calderón, norte de Quito.

Allí, debía realizarse exámenes médicos y recibir los fármacos que mantienen a raya el virus. Los cierres viales y el ausente servicio de transporte público lo orillaron a tomar esa alternativa.

Es la realidad que han enfrentado pacientes en Quito, durante los 10 días de paralizaciones, pero no es aislada.

El desafío de David era recorrer más de 16 kilómetros desde su vivienda, ubicada en La Mariscal hasta el centro médico. Parecía imposible. “Probé primero con otras dos aplicaciones y ya me habían declinado la carrera”, recuerda.

Desesperado, no tuvo más remedio que pagar por ese flete, que en el peor de los tráficos le cuesta 7 dólares. “Lo bueno es que en el hospital me atendieron pronto”, describe.

Si David no lograba conseguir movilización, las consecuencias hubieran sido complejas. Más de 200 dólares cuesta el frasco de pastillas que requiere al mes. “La verdad es que no lo podría costear y eso me expondría bastante porque las defensas bajan y los virus aprovechan”, revela.

No es el único que sufre los estragos de las movilizaciones. Según Gustavo Dávila, coordinador nacional de la Alianza Nacional por la Salud, al menos el 40 % de pacientes con enfermedades crónicas que se atienden en la capital llegan desde otras ciudades.

Dávila lamenta que sean los pacientes de enfermedades catastróficas y raras quienes “pagan los platos rotos”. “Si no reciben tratamiento, quimio, su esperanza de vida disminuye, la metástasis avanza y es un riesgo para la vida”, detalla.

Andrés Villacís Melo, diagnosticado hace 14 años con fibrosis quística (enfermedad que afecta principalmente a los pulmones), está preocupado. El paro ocasionó que le cancelaran una cita médica.

Tiene una mancha en el cerebelo y los galenos no se atreven a adelantar conclusiones. “Puede ser una secuela de las infecciones respiratorias que he tenido, por eso es necesaria la cita. También una resonancia magnética que está pendiente”, describe.

Y, aunque la movilidad desde Imbabura -donde reside- hasta Pichincha es un problema para el paciente, llegar al Hospital Eugenio Espejo también implica un riesgo, ya que está ubicado en la zona del conflicto. “Una bomba lacrimógena me puede llevar a la tumba”.

La salud en crisis

Los pacientes sienten que la declaratoria de emergencia de la salud tardó bastante. Sin embargo, mantienen la esperanza de que con esto se tome en cuenta sus pedidos.

La escasez de medicinas y la ahora imposibilidad de movilización por las manifestaciones los mantiene en jaque. Martha Vera, por ejemplo, se ‘guardó’ en casa. Por la miastenia gravis (una patología que afecta al sistema nervioso) sus actividades son bastante limitadas. Sobrevive con el apoyo de su familia y con los ingresos que genera como comerciante.

“El paro ha sido terrible, ya no se vende nada...”, dice.

Mientras se calman los ánimos, los pacientes crónicos continúan con su tratamiento en casa, orando para que se dé un diálogo que acabe con las movilizaciones. “No estamos en contra del paro, pero sí de la violencia”, aclara Andrés.