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Órdenes de atentados contra funcionarios del SNAI salen de la Penitenciaría y de La Roca
Esta información la dio el Ejecutivo en su decreto 410. En este incluyeron datos que SNAI concedió para analizar declaratoria de estado de excepción
En información compartida en un informe del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) se revelan detalles de los atentados en contra de los funcionarios e infraestructura de esta institución: cinco hechos violentos se cometieron en el mes de septiembre de 2024.
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En este resumen, que ha sido divulgado de forma parcial en el decreto ejecutivo 410, se detalla que un atentado en contra de un agente de SNAI, que labora en el Centro de Privación de Libertad Guayas no. 1, conocido también como Penitenciaría del Litoral, fue ordenado desde el interior del mismo reclusorio, ubicado en el norte de Guayaquil.
“Fue agredido al momento de dirigirse a sus funciones. Se tiene el conocimiento que la orden es desde el interior del CPL Guayas no. 1, presumiblemente de un cabecilla del pabellón 4”, detalla sobre el ataque suscitado el miércoles 11 de septiembre, un día antes del asesinato de María Daniela Icaza, directora encargada del mismo centro penitenciario. Este, por otro lado, era desconocido para la opinión pública.
Y, sobre la muerte violenta de Icaza, en cambio, se revela que la orden también habría salido del interior del CPL en el que ella laboraba. Y, así mismo, en el caso del atentado en contra de la funcionaria atacada en el sector El Arbolito: según este informe, la orden también fue emitida desde una de las prisiones. “La orden viene del interior del CPL Guayas no. 3 (La Roca)”, reza en este decrecto.
¿Por qué incluyó el Ejecutivo esta información en el decreto?
Según lo detallado, todos estos hechos violentos fueron enlistados en el informe “Análisis de pertinencia y viabilidad para una nueva declaratoria de estado de excepción” y que, además, “guardaría relación” con reportes de medios internacionales sobre el aumento de ataques en contra de servidores públicos, sobre todo el caso de María Daniela Icaza.
“El Ecuador está denotando ser un país con altos índices de violencia en la región”, se lee en este texto.
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