El Comité de Derechos Humanos de la ONU expresó su preocupación sobre la creciente corrupción dentro del sistema judicial de Ecuador, destacando que esta situación ha alimentado la percepción de que el crimen organizado ha logrado infiltrarse en las instituciones encargadas de impartir justicia. 

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Este asunto forma parte de las recomendaciones del Comité, que realizó un examen detallado de la situación del país sudamericano, el cual ha atravesado un periodo de violencia criminal sin precedentes.

El Comité mencionó que la Fiscalía General de Ecuador investiga pagos de sobornos a funcionarios por parte de organizaciones criminales, que a cambio obtienen favores judiciales. También señaló la falta de medidas efectivas para proteger a jueces y fiscales frente a asesinatos y agresiones, lo que agrava la situación de inseguridad en el ámbito judicial.

Corrupción en el sistema judicial ecuatoriano: Un riesgo para el Estado de derecho

Carlos Gómez Martínez, miembro del Comité, alertó que este panorama pone en peligro el Estado de derecho en Ecuador, destacando que los recientes asesinatos de jueces afectan gravemente la estabilidad del sistema judicial. Gómez subrayó que aunque la mayoría de los jueces no son corruptos, es esencial fortalecer el apoyo a estos profesionales para erradicar la corrupción desde dentro.

El informe también aborda otros temas críticos, como la militarización del sistema penitenciario en Ecuador y la infiltración de grupos criminales que afectan el funcionamiento de las cárceles. Además, el Comité solicitó al gobierno que reduzca el hacinamiento carcelario y el número de detenidos en prisión preventiva.

La ONU denuncia la militarización de las cárceles y la discriminación en Ecuador

El Comité también expresó su preocupación por la prolongada aplicación de estados de excepción, que se han renovado continuamente durante los últimos seis años, restringiendo derechos fundamentales como la libertad de circulación y asociación, y afectando principalmente a las comunidades indígenas, migrantes y personas en situación de pobreza.

Asimismo, el Comité denunció la continua violencia y discriminación contra la comunidad LGTBI, y las prácticas de "terapia de conversión" en centros clandestinos. En relación con los derechos de las mujeres, destacó los avances en la legalización del aborto en casos de violación, pero lamentó que la interrupción del embarazo siga siendo penalizada en otros casos, además de señalar obstáculos para el acceso a servicios médicos debido a objeciones de conciencia por parte de algunos profesionales.

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