El pasado 5 de mayo, los medios de comunicación reportaron que un exfuncionario de la Asamblea Nacional se había suicidado en las instalaciones del Parlamento. Nadie conocía las razones que llevaron a un hombre de unos 50 años a quitarse la vida, hasta el 25 de junio de 2024; día en el que el medio de comunicación comunitario Wambra liberó varios archivos y declaraciones que el exfuncionario del primer poder del Estado, a quien llamaremos Ricardo para proteger la integridad de su familia, había documentado durante 36 años para probar que un coadjutor salesiano lo abusó sexualmente cuando apenas tenía 15 años y que la Iglesia Católica poco o nada hizo.

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En los documentos y declaraciones publicados por la periodista y también abogada Sybel Martínez en una extensa crónica, Ricardo no solo relata el abuso por parte del coadjutor salesiano durante su estadía en el Centro Juvenil San Patricio, perteneciente a la comunidad salesiana, en 1987. También menciona las instancias a las que recurrió sin recibir justicia oportuna.

Un ejemplo de que la justicia religiosa llegó tarde y a cuenta gotas para Ricardo, la pena que recibió Cadena, quien hasta el 24 de junio pasado fue párroco de la parroquia Sagrada Familia en la Isla Santa Cruz, en las Islas Galápagos. En enero de 2024, pese a haber admitido ante la iglesia que abusó de Ricardo, la condena que se le impuso fue la revocación de sus facultades ministeriales por un año. Es decir, Cadena no puede celebrar misa, impartir la palabra de Dios, ni escuchar confesiones.

Ricardo conoció esta condena en febrero de 2024, algo que lo habría impulsado a dirigirse a la Asamblea Nacional en busca de ayuda. Antes de su muerte, según declaraciones de asambleístas, Ricardo fue visto con una carpeta amarilla bajo el brazo, intentando conseguir una cita con el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle. Su familia afirma que lo que llevaba en la carpeta no era su hoja de vida, sino las pruebas del abuso y la impunidad que lo afectó desde que tenía 15 años.

Luego de que varios medios de comunicación replicaran la historia de Ricardo, el Vicariato Apostólico de Galápagos se pronunció sobre la denuncia de abuso sexual para asegurar que -recién- el pasado 24 de junio de 2024 se suspendió de manera indefinida a Cadena de su ejercicio sacerdotal; este no podrá celebrar ningún oficio y se inició el proceso canónico respectivo. A esto se suma la respuesta del secretario de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, con la que aseguró que el presidente del Pleno, Henry Kronfle, ha respondido a la solicitud interpuesta por la defensa de la familia de Ricardo.

Martínez, quien reveló la historia de Ricardo ahora es la representante legal de su familia, conformada por su esposa e hijas. En una entrevista con este Diario explicó que lo que ahora buscan va más allá de una reparación integral por parte del Estado: "Pedimos crear una Comisión ocasional y especializada en la Asamblea Nacional por dos razones: ya es hora de investigar la pederastia clerical en el país, porque sabemos con claridad que Ricardo no es el único caso. Y la otra es que él se suicida en sus instalaciones, y hay que investigar", puntualizó la abogada y agregó que se están reuniendo la documentación y las firmas pertinentes para presentar las debidas solicitudes ante el Pleno.

Otra de las acciones que persigue la defensa de Ricardo, quien antes de ser internado en el Centro Juvenil San Patricio en Quito, estuvo en situación de calle durante un año tras salir de un hogar disfuncional cuando tenía solo 12 años, es llegar al Vaticano. "Se solicitará al papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, que envíe una comisión de veedores para analizar la actuación de las actuales autoridades eclesiásticas, considerando que hay un patrón de encubrimiento en estos temas", detalló Martínez.

Si bien la defensa de Ricardo, a cargo de Sybel Martínez, reconoce que la justicia ecuatoriana no podrá hacer algo por Ricardo, explica que lo que buscan es marcar el camino para que las víctimas de la pederastia clerical tengan una herramienta que les permita encontrar respuestas en instancias internacionales a través de organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en el mundo.

La primera vez que Ricardo intentó encontrar justicia fue en abril de 2003, a través de una carta de cinco páginas enviada al Padre Francisco Sánchez, inspector de la comunidad Salesiana, en la que precisó que, después de tantos años, había concluido que una forma de afrontar lo que le sucedió a su corta edad, cuando era parte de un programa social que ayudaba a niños en situaciones vulnerables, era "tener la fuerza suficiente para reconocer que fui abusado y decirlo hoy".

La respuesta del párroco Francisco Sánchez, inspector de la comunidad salesiana, fue el inicio de una lucha que Ricardo peleó de frente, pero solo. En una llamada telefónica, le informaron que Cadena había dejado de pertenecer a la comunidad salesiana y que no era sacerdote, sino un laico religioso. Según explica la defensa de la familia de Ricardo, en conversación con este Diario, esto fue un intento de deslindar a los salesianos de su responsabilidad en este caso de abuso sexual.

Y como si fuera poco, su búsqueda de justicia causó que su abusador lo contactara, exactamente dos meses después de que él contara lo sucedido al inspector de la comunidad Salesiana de aquel entonces. Lo hizo a través de correo electrónico para tacharlo de mentiroso y para exigirle que retirara la documentación entregada en su primera denuncia.

Ricardo no se calló, pese a que se sintió presionado, siguió insistiendo años más tarde para encontrar justicia. Una lucha que lo llevó a tocar las puertas de la Conferencia Episcopal, la comunidad salesiana, la Arquidiócesis de Quito e, incluso, el Vaticano. Hasta que, en 2018, un Tribunal Diocesano lo interrogó como parte de una investigación previa.

Sus declaraciones, recogidas en el correo electrónico que Ricardo envió a su esposa 24 horas antes de quitarse la vida, son contundentes y dan cuenta del dolor que albergaba a Ricardo:

“Quiero decir que no es la primera vez que hago esta denuncia, entrego una carta indicando la cronología de las denuncias que realicé, tanto a la comunidad Salesiana como a la Conferencia Episcopal y al Vicariato apostólico de Galápagos, pido que se haga justicia y que se escuche la voz de las víctimas para que de deje de encubrir y la Iglesia actúe como debe hacerlo. Quiero añadir también que en los últimos dos meses recibí dos llamadas del Presbítero F. Cadena. En la primera me pide superar estos hechos asumiendo su culpabilidad y en la segunda me dice que yo fui el culpable, quien lo provocó y lo abordó y que él es inocente”.

Los años transcurrieron, la investigación siguió su curso y un sin número de comunicados y decisiones se manejaron a la interna para que, en 2019, suspendieran vía decreto ad tempore a Cadena, con una pena canónica de un año y revoca sus beneficios y ejercicio del ministerio sacerdotal. Una decisión que fue notificada a Cadena cinco años después, por el arzobispo de Quito y primado de Ecuador, Alfredo José Espinoza Mateus, a través del oficio 077-CAQ-2024.

Todas estas decisiones tomadas por las autoridades eclesiásticas no le fueron comunicadas a Ricardo, quien tuvo que nuevamente enviar una carta y pedir una reunión para obtener respuesta con el nuevo inspector de los salesianos, el párroco Marcelo Farfán, el 7 de febrero del 2024, para recién ahí conocer que Cadena había aceptado su responsabilidad y que había sido suspendido por un año.

Este Diario se contactó a la Conferencia Episcopal de Ecuador para conocer su postura respecto al tema, sin embargo, el padre David de la Torre señaló vía mensajes de WhatsApp que preguntaría si la Iglesia Católica se pronunciaría sobre este caso al que calificó como terrible.

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