Estados Unidos estudia implementar inteligencia artificial (IA) para revisar la actividad en redes sociales de quienes soliciten beneficios migratorios, como la ciudadanía, la residencia permanente o el asilo. 

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La propuesta, presentada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y publicada en el Registro Federal el 5 de marzo, ha generado inquietudes en organizaciones de derechos civiles, que advierten sobre posibles riesgos para la privacidad y la libertad de expresión, según reportaron AP y Florida Politics.

Supervisión digital en trámites migratorios

El plan exige que los solicitantes de beneficios migratorios en EE. UU. informen sus identificadores en redes sociales como Facebook, X (antes Twitter), Instagram, TikTok y LinkedIn. Aunque no se les pedirá proporcionar contraseñas, la información será utilizada para verificar antecedentes, detectar inconsistencias en las solicitudes y evaluar posibles riesgos de seguridad, de acuerdo con USCIS.

Según estimaciones del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS), aproximadamente 3,6 millones de personas al año se verían afectadas por esta nueva normativa. La agencia sostiene que la medida busca prevenir fraudes, evitar el robo de identidad y reforzar la seguridad nacional.

Debate sobre la privacidad y posibles riesgos

Defensores de los derechos civiles han expresado inquietudes sobre la implementación de la IA en estos procesos. Rachel Levinson-Waldman, del Centro Brennan para la Justicia, señaló en declaraciones a AP que esta tecnología aún comete errores y que su uso en evaluaciones migratorias podría llevar a decisiones equivocadas.

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Por su parte, León Rodríguez, exdirector del USCIS, advirtió en entrevista con AP que, aunque la inteligencia artificial puede facilitar la evaluación inicial de solicitudes, no debe sustituir el criterio humano. “Existe el riesgo de que pase por alto información relevante o interprete incorrectamente ciertos contenidos”, explicó.

Contexto y antecedentes

El monitoreo de redes sociales en trámites migratorios no es una práctica reciente. En 2014, bajo la administración de Barack Obama, se iniciaron programas piloto con este propósito, según información de Florida Politics. En 2019, el Departamento de Estado amplió la exigencia de proporcionar identificadores de redes sociales a la mayoría de los solicitantes de visa, afectando a unos 15 millones de personas al año.

Organizaciones defensoras de los derechos humanos han advertido que automatizar este tipo de evaluaciones podría derivar en decisiones discriminatorias o erróneas. En 2017, el Departamento de Estado endureció la supervisión de redes sociales, medida que, según la ACLU y el Centro Brennan, impactó especialmente a solicitantes musulmanes y generó preocupaciones sobre libertades civiles.

El gobierno estadounidense defiende esta iniciativa como parte de su estrategia de seguridad, aunque el debate sobre el alcance de la vigilancia digital y su impacto en los derechos fundamentales sigue abierto.

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