Un semáforo en rojo obligó a Francisco García Olives a detener su Chevrolet Blazer justo al frente de la ciudadela Vista al Sol, en el kilómetro 8,5 de la vía La Puntilla - Samborondón. Eran las 2 de la tarde del jueves 11 de julio de 2011 cuando un sicario se paró frente al vehículo, le apuntó y le descargó catorce disparos. Uno impactó en la cabeza y cuatro en el tórax de García, un comprador y vendedor de carros de 51 años, que iba a casa con su pareja después de hacer un negocio.

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En su camioneta encontraron un sobre de manila con los documentos del traspaso de un Hyundai, algunos cheques que sumaban 7.790 dólares, varias tarjetas de crédito y un par de gafas. Con él iba la mujer con la que vivió sus últimos 10 años, quien en una fotografía reconoció al pistolero. Se trataba de Dayiberto Torres Rosario, el mismo hombre que el pasado jueves 26 de septiembre fue capturado en el aeropuerto de Bogotá (Colombia), acusado de ser un poderoso capo vinculado al cartel de los Balcanes.

Torres Rosario es de República Dominicana. En su país trabajó como asesor legislativo en el Congreso de la República por ocho años y, según contó él mismo durante las audiencias del juicio en su contra por el crimen del vendedor de carros, llegó a Ecuador por primera vez en 2010 y regresó un año después, el 7 de agosto de 2011.

“Lo que me motivó a venir al país fue conocer el proyecto de ayuda que está llevando a cabo el vicepresidente de la república, Lenín Moreno. Como incursiono en el ámbito político, quise verlo”, le dijo a un juez meses después del homicidio. Más adelante explicó que nunca se vio con Moreno y siempre se declaró inocente del asesinato.

El señalado asesino y el hombre que conducía el vehículo en el que supuestamente escaparon después de cometer el crimen fueron condenados en octubre de 2012 como responsables del homicidio del comerciante.

Para tomar la decisión, el duodécimo tribunal de Garantías Penales del Guayas se basó en el testimonio de la pareja de la víctima, quien reconoció al dominicano como sicario. Además, se consideraron las versiones de los policías que lo capturaron cerca del lugar de los hechos, la alimentadora de un arma con 17 municiones que le encontraron, las muestras de residuos de disparos halladas en la ropa de los acusados, entre otras pruebas.

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No obstante, en enero de 2013, los jueces Guillermo Freire, Henry Morán y Esther Balladares, de la Tercera Sala de lo Penal del Guayas, desestimaron esas evidencias y pidieron la libertad de los dos sentenciados. Los tres togados fueron indagados por esa decisión en el Consejo de la Judicatura.

De Torres Rosario, de 41 años, las autoridades judiciales ecuatorianas volvieron a tener noticias en abril de 2015, cuando fue detenido y vinculado a un proceso por tenencia ilegal de drogas en Guayaquil. En este caso estuvo incluso involucrado su hermano. Aunque inicialmente fue procesado como autor del delito, la falta de pruebas sólidas -según los expedientes oficiales- llevó a que fuera declarado encubridor.

Con esos antecedentes, el dominicano afianzó una relación sentimental con una ecuatoriana y, tres años después del proceso por tenencia de drogas en el que fue vinculado como encubridor, se convirtió en presidente de la empresa Importadores Asociados JTS100 S.A. Esta compañía, con sede principal en Guayaquil, se dedica al comercio al por mayor de frutas y verduras frescas. Fue fundada el 11 de febrero de 2008 y, en 2023, contaba con 44 empleados.

Además, el supuesto empresario dominicano aparece como contribuyente activo en el SRI, y su actividad económica principal, según los registros oficiales, es la venta al por menor por comisionistas y las actividades de casas de subastas. Paralelamente, Torres Rosario se destacaba en Arenoso (República Dominicana) como un renombrado empresario del sector agrícola. Incluso, en esa población fue homenajeado por “sus valiosos aportes a la juventud del municipio y su apoyo solidario a las empresas del grupo Torres”.

En la importadora de frutas con sede en Guayaquil aparece como uno de los dos accionistas principales. La otra propietaria es su pareja sentimental, con quien en su cédula de ciudadanía ecuatoriana está registrado en unión de hecho.

Ella es, al mismo tiempo, la gerente general de una empresa dedicada al transporte de carga por carretera, incluidos troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga a granel, además de transporte en camiones cisterna, desperdicios y materiales de desecho. En diciembre de 2018, fue vinculada a un caso por el delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización a gran escala.

La jueza argumentó que, aunque se probó la existencia de la droga, no se encontraron pruebas contundentes que demostraran la participación directa de la mujer en el tráfico de sustancias ilícitas. Sus roles se limitaron a aspectos como la propiedad de un vehículo involucrado o relaciones comerciales, pero no se pudo establecer una conexión directa con el transporte o la comercialización de la droga.

El señalado narcotraficante fue capturado en Bogotá cuando estaba a punto de abordar un avión con rumbo a República Dominicana. Le encontraron 13 tarjetas de crédito, 3.500 dólares y cuatro tokens. El Juzgado Central número dos de instrucción de la Audiencia Nacional de España lo acusa de haber ingresado 2.600 kilos de cocaína para el cartel de los Balcanes durante 2021 y 2022.

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“Según el expediente de las autoridades en España, Dayiberto Torres Rosario sería un integrante de alto nivel y el enlace principal de una organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes de magnitud internacional que, bajo la fachada de ser un adinerado empresario en Ecuador, se habría valido de la logística de varias empresas para enviar clorhidrato de cocaína a Europa, especialmente a España”, confirmaron las autoridades colombianas.

El coronel Edwin Masleider Urrego Pedraza, director de Investigación Criminal e INTERPOL, afirmó que el detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación de Colombia a través de la Dirección de Asuntos Internacionales, y que se espera que las autoridades españolas presenten por vías diplomáticas las solicitudes formales para ordenar la extradición.