Samuel Alfonso Cabrera Florencia, de 19 años, fue uno de los 10 detenidos durante un operativo ejecutado la mañana del lunes 17 de marzo en el sector de Socio Vivienda 2, en el noroeste de Guayaquil.

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Tanto él como los demás aprehendidos recuperaron su libertad debido a que la audiencia de flagrancia se llevó a cabo después del plazo legal de 24 horas. Según consta en la página de la Función Judicial, los abogados defensores denunciaron la ilegalidad del procedimiento ante el juez, lo que llevó a que se ordenara la liberación de los detenidos.

Horas después de quedar en libertad, Cabrera Florencia se dirigió a la casa de una amiga en la cooperativa Horizontes del Fortín, en el mismo distrito. Mientras descansaba, cerca de las 05:45 del martes 18 de marzo, fue acribillado por sujetos vestidos como policías. Los agresores ingresaron por la fuerza a la vivienda y le dispararon seis veces con una pistola calibre 9 milímetros.

Investigaciones policiales

Una fuente policial indicó que, según información recabada en el lugar de los hechos, la víctima había sido detenida el día anterior y liberada tras la audiencia. Además, estaba siendo investigada por presunta participación en actividades de delincuencia organizada.

El hermano del fallecido informó a los investigadores que desconocía los motivos de la detención y liberación de su familiar, ya que no vivía con él y solo se enteró de lo sucedido por una llamada de su madre.

Testigos declararon que, en la madrugada, tres hombres encapuchados llegaron a la vivienda, dispararon varias veces contra Cabrera Florencia y luego huyeron en una motocicleta sin placas.

Decisión judicial y cuestionamientos

En la resolución del juez, se determinó que la detención de los ciudadanos, entre ellos Cabrera Florencia, ocurrió el 17 de marzo a las 13:45, mientras que la audiencia de flagrancia se instaló a las 14:04 del día siguiente, superando el plazo legal.

Ante esta irregularidad, el juez declaró la caducidad del procedimiento, ordenando la inmediata liberación de los detenidos y solicitando una investigación sobre la actuación de los agentes aprehensores.

La defensa argumentó que el tiempo máximo para la audiencia había vencido antes de su instalación, lo que invalidaba la legalidad de las detenciones. Como consecuencia, los detenidos, incluidos Cabrera Florencia, fueron excarcelados.

Este caso ha generado cuestionamientos sobre el procedimiento policial y la efectividad de la justicia en operativos contra el crimen organizado.

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