Este lunes 31 de marzo, el Ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, anunció que se reunirá con las principales operadoras de telefonía móvil del país el próximo miércoles para llegar a un acuerdo que permita erradicar la señal telefónica en los centros penitenciarios. Esta medida busca mejorar la seguridad en las cárceles y evitar que los presos sigan cometiendo delitos desde dentro, como se ha evidenciado en casos recientes.

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"Las cárceles y la seguridad de las cárceles son fundamentales, y todos los ecuatorianos deben entenderlo, incluidas las operadoras telefónicas", expresó Reimberg a la salida de una rueda de prensa en Guayaquil, donde también se anunció que agentes de tránsito patrullarán de manera permanente los exteriores de las prisiones para garantizar un entorno seguro.

El ministro destacó que, aunque este tema ha sido un problema durante años, ahora se tomarán medidas concretas para acabar con la señal en las prisiones. "La seguridad de los ecuatorianos está primero, y vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para garantizarla", añadió.

El impacto de la señal telefónica en las cárceles

Reimberg había mencionado la semana pasada que había solicitado a las operadoras cortar la señal en las zonas aledañas a las prisiones. Esto luego de constatar en un operativo en la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más grande y peligrosa de Ecuador, que los presos seguían conectándose a la red móvil. Gracias a esta señal, los detenidos han podido transmitir en vivo masacres ocurridas dentro de los penales y han continuado dirigiendo actividades criminales como asesinatos y extorsiones, lo que pone en peligro la seguridad del país.

Por otro lado, la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones (Asetel) manifestó en un comunicado que no consideran factible cortar la señal en las áreas cercanas a las cárceles sin que esto afecte a la comunidad en general y a sus actividades productivas. En su lugar, Asetel ofreció a las autoridades herramientas complementarias que permitirían aplicar restricciones técnicas dentro de los límites viables.

Las principales operadoras de telefonía móvil en Ecuador, como Claro (de origen mexicano), Movistar (de origen español) y la estatal Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), han sido señaladas por el Ministerio del Interior en este proceso. Sin embargo, también se ha solicitado a otras empresas proveedoras de internet más pequeñas que cooperen en la medida.

Posibles acciones legales

Reimberg también anunció que si las compañías no cooperan, las autoridades tomarán acciones legales. Recordó que los sistemas de telecomunicaciones están instalados en zonas de seguridad controladas por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, por lo que la colaboración es esencial para poder erradicar la señal en las prisiones.

Aunque los inhibidores de señales, que se utilizaron en el pasado, tardarán alrededor de ocho semanas en llegar al país, Reimberg expresó su optimismo al señalar que las operadoras están dispuestas a colaborar. "Vamos a llegar a un acuerdo para que se acabe la señal en los centros penitenciarios", concluyó.

La situación en las cárceles ecuatorianas ha generado un intenso debate sobre cómo garantizar la seguridad en los centros penitenciarios sin afectar a la población general. Mientras que el gobierno insiste en la necesidad de cortar las señales para frenar los delitos cometidos desde el interior de las prisiones, las operadoras y expertos en telecomunicaciones buscan soluciones alternativas que no perjudiquen a la comunidad.

Con la reunión del miércoles a la vista, el futuro de la seguridad penitenciaria en Ecuador podría tomar un rumbo decisivo. Sin embargo, la resolución de este complejo problema dependerá de la disposición de las partes involucradas para encontrar un equilibrio entre la seguridad y los derechos de la ciudadanía.

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