A Dora Elisa Herrera González, de 65 años y quien vive postrada en una cama debido a una infección a los huesos que le provocó discapacidad física desde que era una niña, la dejaron sin el Bono de Desarrollo Humano.

Del maltrecho sitio donde vivía, en una casa a punto de derrumbarse llena de ratas, basura y mugre, en las calles Cuenca y la 11, al suroeste de Guayaquil, la pasaron a la 29 y Gómez Rendón. Un pequeño cuartucho, algo más limpio, pero con las mismas necesidades de siempre: desayuna o almuerza a veces sí a veces no, porque los sobrinos que la ayudan trabajan y tienen sus propias complicaciones.

Dora cuenta que tiene hermanas en Manabí y en España, pero, asegura, desde hace un par de años “no me paran bola o se hacen los locos”. No sabe cómo conseguir para las medicinas ni la ‘jama’.

Ella es una de 46.566 personas que, luego de una actualización y revisión del registro y los casos, fueron eliminadas del sistema de asistencia humanitaria que mes a mes entrega el Gobierno y que hoy alcanza a 1’389.435 personas a nivel nacional.

Y es que después de esta ‘depuración’ del sistema, realizada sobre un puntaje determinado por varios parámetros, las quejas le llovieron al Ministerio de Bienestar Social (MIES).

Al respecto, Esteban Bernal, titular de ese ministerio, en diálogo con EXTRA responde por esta actualización y explica que si bien se eliminó del registro de beneficiarios a 45 mil personas, “lo que no dicen es que se ingresaron a otros 86.522 núcleos familiares (así identifican a cada beneficiario)”.

Aunque también Bernal está consciente de que siempre es perfectible y que “si los medios (la prensa) o alguien conoce de casos que deban ser revisados (como los que mencionamos al inicio de esta nota), estos podrían valorarse”.

Forma de cobro cambiaría

El ministro recalca que la base de datos urgía de una actualización, “porque esto (la entrega de bonos) funcionaba como un abanico, que se abría cuando entraban agnados y cognados (para favoritismos políticos) y se cerraba en época de crisis económica”.

Otra de las precisiones que realiza Bernal es sobre lo que llaman ‘inclusión financiera’, es decir el análisis que se está haciendo para que, de aquí a unos 2 o 3 meses, el bono se cobre a través de la banca. Esto sería para el Bono de Desarrollo Humano y otras ayudas como el bono Joaquín Gallegos Lara, que se entrega a las personas con discapacidad severa, enfermedades raras o huérfanas y menores de 14 años con VIH-sida.

Según Bernal, en esto hay dos objetivos: garantizar un “pago seguro” a los beneficiarios, “ante los delitos de estafas y suplantaciones que se han registrado y que han dejado a decenas sin su dinero”, y el ir llevando a los núcleos familiares a “aprovechar de mejor manera” el dinero, pues no se puede controlar en detalle en qué lo utilizan.