La familia de la adolescente que fue violada supuestamente por el chofer de un bus escolar del colegio Dillon, en la capital, debería acudir a instancias internacionales para recibir una pronta justicia, comentó Guillermo Lara, quien hasta la mañana de ayer era el abogado que llevaba este caso.

Pasado el mediodía reveló a este Diario que fue separado de la investigación por pedido de los parientes de la víctima. Sin embargo, habló sobre el tema como analista del proceso.

Luego de que la ministra de Educación, María Brown, reconociera la noche del martes, en una rueda de prensa, que sí hubo “negligencia” por parte de las autoridades del centro educativo, Lara señaló que no se cumplió a cabalidad con el Protocolo de Actuación frente a Situaciones de Violencia en el Sistema Educativo.

Horas antes, la misma ministra había insistido en que en este caso “no hubo una falta al protocolo establecido”. Pero, al identificar las irregularidades, Brown solicitó la renuncia de la rectora del plantel, la misma que fue aceptada.

Lara explicó que hubo una “evidente negligencia en la atención de la víctima”.

Por eso hace énfasis en acudir a instancias internacionales porque, según él, existió una violación a los derechos de la adolescente cuando las autoridades del colegio Dillon dejaron de actuar o actuaron con inoperancia e inobservancia a la ley y a los protocolos.

El jurista aclaró que bajo este contexto el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) podría activar los órganos internacionales. “No se debería esperar el tiempo que se requiere en cada instancia de un proceso penal normal”, añadió.

Lara expuso que muchos de los puntos que no se cumplieron fue porque no actuaron en flagrancia y no llamaron a la Policía cuando tenían al sospechoso cerca. “Solo así se determinaba si la chica estaba tomada o se establecía si el sujeto le dio un preparado y le privó de su consciencia para violarla”.

Según el protocolo, avalado por el Ministerio de Educación, en la ruta de actuación ante casos de violencia sexual se debe denunciar el hecho a la Fiscalía en un plazo máximo de 24 horas. Y no pasó. Luego se deberá notificar a la Dirección Distrital de Educación con la copia de la denuncia y un informe sobre la presunta situación de violencia. Pero tampoco se dio 

La mañana de ayer, por segundo día consecutivo, alumnos del colegio Dillon realizaron una marcha por las calles del norte capitalino en apoyo a su compañera. Se unieron alumnos del colegio Simón Bolívar y colectivos feministas y de Derechos Humanos.

Se hicieron los locos-. La omisión de denuncia está castigado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) con hasta seis meses de prisión. En este caso se aplicaría por el hecho de que las autoridades del plantel, al ser servidores públicos, conocieron del presunto delito, pero no denunciaron al sospechoso.

Fraude Procesal.- El abogado Guillermo Lara señaló que los funcionarios del colegio tuvieron tiempo para llamar al ECU 911 o retener al sospechoso y no lo hicieron. Esto podría recaer en el delito de fraude procesal porque incumplieron con la normativa legal con la finalidad de hacer prevalecer la impunidad.

No hubo apoyo.- Familiares de la víctima comentaron que no hubo un acompañamiento psicológico y esto fue corroborado por la ministra María Brown, quien dijo que no se cumplió con los estándares de respeto, empatía y solidaridad que este tipo de casos demanda.

Ha disminuido la capacitación en este tema

Roberto Valle trabajó hasta hace un año en colegios públicos de la capital y, según él, ha habido una disminución en las capacitaciones sobre violencia dentro de un plantel educativo.

El profesor señaló que en establecimientos privados hay más seguimiento para este tipo de casos. Valle dijo que, en algunas instituciones, cuando un docente o personal administrativo ingresa, le entregan una especie de manual en el que le explican principalmente cómo tratar al estudiante y, sobre todo, hasta qué punto acercarse.

“Si detectáramos algo, la indicación es no inmiscuirnos en el tema y llamar al departamento de psicología que están preparados en esto”.

Henry da clases de Matemáticas en un colegio público de Calderón, en el norte de la capital. Afirmó que sí son capacitados en rutas y protocolos a seguir cuando hay casos de violencia de este tipo.

Explicó que cuando se detecta uno de estos casos lo primero que hay que hacer es reportarlo al Departamento de Consejería Estudiantil (DECE), de ahí la siguiente instancia a seguir es el Distrito de Educación.

Henry añadió que en ocasiones suelen darles capacitaciones en temas de violencia de género, abuso sexual, derechos sexuales y reproductivos.