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El juicio del caso 'Nachito' se sigue postergando
A la última diligencia no asistió una de las procesadas, quien al parecer estaría contagiada con COVID-19
Los jueces del Tribunal de Garantías Penales de Pichincha ordenaron a las partes procesales que se presentaran de forma presencial el próximo 1 y 2 de octubre del 2020 luego de que se haya suspendido la audiencia de juzgamiento del caso del niño 'Nachito', la mañana de este sábado 1 de agosto.
Según la Fiscalía, entre el 27 y 29 de noviembre del 2014, cuatro profesionales de la salud entre doctoras y enfermeras habrían provocado una perforación intestinal y quemaduras de tercer grado a 'Nachito', un niño que en ese entonces tenía 1 año y 8 meses.
Una cirujana, una médica, una enfermera y una auxiliar de enfermería están procesadas por el presunto delito de provocar lesiones de más de 90 días por mala práctica médica. Es decir, ellas supuestamente vulneraron el deber objetivo de cuidado que significa la atención especial que los profesionales deben tener para no incrementar el riesgo de un paciente con acciones innecesarias, ilegítimas y peligrosas.
Sin embargo, la diligencia que fue programada para la mañana de hoy fue postergada porque la jueza principal dijo que todas las partes procesales debían estar en igualdad de condiciones para ejercer la acusación y la defensa.
A la audiencia no asistió la cirujana Yolanda G., a quien los magistrados le ordenaron comparecer mediante videoconferencia, que lo hiciera por buena fe y que no asista a la sala. Los abogados defensores de la doctora no pudieron justificar su ausencia y solicitaron a los jueces el diferimiento de la diligencia. Ellos presentaron un certificado médico en el que decía que la acusada estaba con sospecha de COVID-19.
Los magistrados enfatizaron que una sospecha no se puede dar como cierto y que la cirujana no tiene un documento que dé fe del estado de salud en el que se encuentra. Agregaron que este es el segundo incidente de este tipo que sucede en el proceso judicial. En noviembre del 2019, otra de las procesadas presentó un certificado donde decía que necesitaba someterse a una operación y también fue diferida la audiencia.
Los miembros del Tribunal señalaron que el inicio del proceso penal se dio en el 2016 y que desde ese entonces se han generado una serie de incidentes, diferimientos y nulidades.