“Mi abogado se encargará de la defensa mientras me dedico a inaugurar obras”, dijo el alcalde de Quito, Jorge Yunda, mientras recorría ayer Tumbaco, al nororiente, en presentación de proyectos concluidos de movilidad.

La tarde del martes, Yunda fue vinculado a una investigación sobre la supuesta adquisición irregular de las 100 mil pruebas PCR para detectar COVID-19 durante la pandemia. La Fiscalía solicitó prisión preventiva, pero...

El presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Vladimir Jhayya Flor, ordenó prohibición de salida del país, la presentación ante la autoridad los lunes, miércoles, viernes y domingo en la Unidad de Flagrancia.

A las 09:30 de ayer, el alcalde ya realizó su primera diligencia y llegó a la entidad. Eso sí, sin grillete. La Fiscalía había informado que Yunda debía usar el dispositivo electrónico, pero su abogado Juan Pablo Albán dijo que ese dato estaba errado. Y que pedirá que el juez aclare su decisión.

El burgomaestre no es el único salpicado en este trama de supuesta corrupción. También están Linda Guamán, científica reconocida y funcionaria de la Secretaría de Salud del Municipio, y Ximena Abarca, la actual secretaria. Además, hay otras cuatro personas involucradas solo en este último proceso, porque en total son 15 implicados en el caso.

Para todos los procesados se ordenó la inmovilización de cuentas y prohibición de venta de bienes hasta por 5 millones de dólares.

El relajo

La adquisición, realizada a la empresa Salumed S. A., habría representado un perjuicio para el Estado de 4’226.800 millones de dólares.

Según la Fiscalía, los últimos vinculados habrían terminado, el 20 de julio de 2020 y por mutuo acuerdo, el contrato de emergencia para la adquisición de reactivos para la determinación de COVID-19 por PCR polimerasa, suscrito entre la Secretaría de Salud del Municipio de Quito y la empresa Salumed S. A.

Lo que correspondía, según la Fiscalía, era dar por terminado unilateralmente el contrato por incumplimiento de su objeto, declarar incumplida a la empresa contratista y ejecutar las garantías contractuales.

Por consecuencia, en lugar de entregar las pruebas PCR polimerasa, como consta en el contrato, la empresa entregó pruebas RT LAMP, que tienen menos porcentaje de detección del virus. Es decir, había que duplicar el procesamiento de cada prueba, debido a su baja sensibilidad.

Eso generó dudas en los ciudadanos. Temían que los resultados no fueran confiables, lo aseguró Fausta Cruz, una mujer que acudió en agosto pasado a una de las brigadas móviles de Quitumbe, en el sur de Quito.

Abarca, Guamán y Yunda han rechazado las acusaciones e incluso han dicho que si tienen que ir a la cárcel, lo harán. 

Con respecto a este tema, el exalcalde de Quito, Paco Moncayo, dijo que espera que estas situaciones hagan reflexionar a los quiteños en el momento de elegir a sus autoridades. “Es muy triste para todos que la máxima autoridad deba usar grillete”, comentó.

Enfatizó, además, que es necesario esperar a que las investigaciones arrojen resultados y así determinar si Jorge Yunda es o no responsable en el caso de peculado.

“Todos tenemos derecho a la presunción de inocencia. La última palabra es de la justicia”, agregó.

También manifestó que este no sería un caso aislado, pues anteriormente ya hubo polémicas por concejales que habrían cometido corrupción en el proceso de legalización de taxis, así como presuntos sobreprecios en el Metro de Quito, entre otros.

“Esto ha estado en el orden del día hace mucho”.