Las lágrimas de impotencia de Luis Ati por la muerte de su hija, la subteniente Aidita Ati, se convirtieron en gritos de lucha e indignación. Junto a otros familiares y amigos de la oficial, hicieron un plantón en los exteriores de la Fiscalía, en el centro de Quito, para reclamar la decisión de abstenerse de acusar a los seis militares que eran procesados por presunto femicidio.

La oficial fue encontrada sin vida el 29 de junio en su dormitorio dentro del Fuerte Militar Napo, en la provincia de Orellana. La autopsia reveló que la subteniente tenía marcas en su cuerpo y se presumía que había sido violada, indicando que la habían asesinado.

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Tres semanas más tarde, los abogados de la familia solicitaron una ampliación de la autopsia, en la que se destacó que la oficial había sufrido golpes en la cabeza, extremidades y otras partes del cuerpo. Con estas evidencias se aducía que Ati intentó defenderse.

Sin embargo, una semana antes de culminar la instrucción fiscal, se practicó una exhumación que cambió la teoría del caso y puso ‘en jaque’ a ambas partes procesales.

En este informe se reveló que la subteniente habría fallecido por un edema pulmonar debido a intoxicación alcohólica, es decir, una muerte accidental. Esto fue clave para que la Fiscalía se abstuviera de emitir un dictamen acusatorio contra los oficiales procesados.

La Fiscalía provincial de Orellana deberá revisar el dictamen y, con esto, se abren dos posibilidades: que se ratifique la decisión o que se revoque.

Galo Quiñónez, abogado de la familia, comentó que, de darse la primera opción, plantearán iniciar acciones por un presunto fraude procesal, “porque no puede haber dos informes tan diferentes en cuanto al examen médico-legal y la exhumación”.

Si la autoridad revoca la decisión, afirmó que solicitará que se practique un tercer informe con la ayuda de peritos internacionales. “Hubo negligencia manifiesta por parte de la primera fiscal de Orellana, y habrá que investigar”.

Paúl Vergara, abogado de uno de los militares procesados, coincide en que la fiscal que llevó el caso inicialmente realizó malas actuaciones durante la indagación. Además, criticó el trabajo de la médica que efectuó la autopsia.

Según el jurista, estos errores provocaron que los oficiales investigados, entre ellos su defendido, sean considerados “abusadores, golpeadores, violadores”. Esto causó en ellos un daño laboral, familiar y psicológico. Vergara también tomará acciones por fraude procesal contra la Fiscalía, la Unidad de Muertes Violentas de la Policía y la médica legal.

Ante el nuevo escenario de que los sospechosos puedan ser considerados inocentes, Luis Ati, padre de la víctima, comentó que hará lo posible para acudir a instancias internacionales y denunciar la situación, de forma que la muerte de su hija no quede en la impunidad. Habló de un video clave que no ha sido investigado a profundidad. Según él, en este se ve que un grupo de militares entra al cuarto de la subteniente, permanecen cinco minutos, luego salen y se van en un vehículo.

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