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El primer mandatario firma el decreto de estado de excepción en el sistema carcelario.cortesía

Guillermo Lasso declara el estado de excepción en las cárceles del país

El Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad confirmó la muerte de 100 reos y otros 52 heridos.

Por Alfonso Albán

29 de septiembre, 2021

El presidente Guillermo Lasso respondió a la masacre en la Penitenciaría del Litoral en Guayaquil con un nuevo decreto del estado de excepción en todo el sistema carcelario del país.

El documento, que contiene 10 artículos y una disposición final, establece que la medida durará 60 días y dispone la movilización de todos los entes de la administración pública para que, en coordinación con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, pueden ejecutar las acciones para restablecer y mantener el orden.

Acabo de decretar el Estado de Excepción en todo el sistema carcelario a nivel nacional.

En Guayaquil presidiré el comité de seguridad para coordinar las acciones necesarias que controlen la emergencia, garantizando los DDHH de todos los involucrados. pic.twitter.com/2gdZ0pLlZW
— Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) September 29, 2021

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores confirmó en su cuenta de Twitter la muerte de 100 privados de la libertad y otros 52 heridos durante el incidente del pasado 28 de septiembre. Este se suma a otros incidentes que han manchado de sangre a las cárceles del país desde febrero de 2021 cuando se registró la primera gran matanza con 79 reos asesinados.

El @SNAI_Ec, informa que hasta el momento se confirman más de 100 #PPL fallecidas y 52 heridos, durante los incidentes registrados este martes 28 de septiembre, en el #CPLGuayas N.1 @PoliciaEcuador y @FiscaliaEcuador continúan levantado información.

Noticia en desarrollo pic.twitter.com/LsrZc5dBRW
— SNAI Ecuador (@SNAI_Ec) September 29, 2021

El decreto ejecutivo también estable que la movilización de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas tendrá por objeto reforzar y restablecer el orden y control interno de los centros penitenciarios; reforzar la seguridad interna y perimetral; garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad. "Su participación se realizará de manera coordinada con el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores y demás instituciones de la Administración Pública Central e Institucional que, en razón de sus competencias, resulten necesarias".