“Tengo miedo por mi vida y la de mis trabajadores”. Así lo dijo T.B., propietario de un asadero de pollos en Guayaquil, cuando decidió romper el silencio y denunciar una serie de amenazas y extorsiones (bajo la modalidad de 'vacunas') que, durante semanas, lo dejaron al borde del colapso. El caso comenzó el 28 de febrero de 2025, cuando el comerciante recibió mensajes y llamadas desde un número celular con prefijo internacional. En los mensajes, le exigían $ 150 dólares cada quincena y fin de mes, bajo amenazas de muerte si no cumplía.

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La modalidad era clara: una extorsión sistemática que vinculaba directamente su negocio con el temor. En los mensajes decían que sabían que ella tenía un local de pollos, indicándole incluso el nombre, y que, si no pagaba, atentarían contra su vida y la de su personal. El dinero debía ser depositado a nombre de un individuo, en una cuenta del Banco Pichincha. Aunque aterrada, la víctima realizó un pago inicial por miedo a represalias. Pero luego decidió acudir a la Unidad Antisecuestro y Extorsión (UNASE).

“Me sentía impotente”: el drama silencioso de una víctima del terror

“Amenazaban atentar contra mi vida (...) Por temor a que atenten contra mi vida, realicé el pago”, escribió la víctima en su denuncia, donde relató que durante semanas no durmió tranquila, temiendo que las amenazas se hicieran realidad. Contó que el acoso era constante, con llamadas y mensajes cada vez más agresivos. Su decisión de alertar a la Policía no fue sencilla, pero finalmente venció el miedo, lo que permitió la ejecución de un operativo y la detención de los presuntos extorsionadores.

Detenidos en flagrancia: así cayó la red de extorsionadores

Gracias a la denuncia, los investigadores montaron un operativo el 1 de abril de 2025. Ese día, los extorsionadores acudieron al local de la víctima a retirar el dinero. En ese momento, los agentes intervinieron y detuvieron a uno de los sospechosos en flagrancia. El sujeto fue identificado como Jairo Jasmani Paredes Pulecio, quien alegó que “solo estaba de visita en la casa de un amigo”. Horas después, fue detenido un segundo implicado: José Alexander Ortiz Hernández, de nacionalidad venezolana. Este último habría reconocido que fue enviado solo a retirar el dinero.

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Ambos fueron llevados ante la Unidad Judicial de Garantías Penales de Guayaquil, donde el juez Marco Guerra calificó el hecho como flagrante, formuló cargos por extorsión y ordenó prisión preventiva para ambos. La Fiscalía, representada por el abogado Walter Morales, detalló en la audiencia que existen evidencias como los mensajes amenazantes, la denuncia formal, el parte de detención y el comprobante del primer pago realizado por la víctima.

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