Ver y escuchar al Ecuador que Resuelve tiene un costo significativo. En lo que va del año, el gobierno de Daniel Noboa ha contratado, a través de la Subsecretaría General de Comunicación e Información del Gobierno de la Presidencia, dos servicios de comunicación por un total de más de cinco millones de dólares.

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¿El objetivo? Según el objeto de contratación, publicado en el Sistema Nacional de Contratación Pública (Sercop), se busca "difundir las campañas y mensajes que permitan posicionar las acciones políticas, obras, servicios y programas que implementa el Gobierno Nacional en beneficio de la ciudadanía, mediante una cobertura internacional, nacional, local o comunitaria en medios ATL, digitales y plataformas de redes sociales a los respectivos grupos objetivos".

El primer servicio de difusión comunicacional fue contratado el 26 de enero de 2024 a la compañía Mindshare del Ecuador C. Ltda, por un costo de 2,5 millones de dólares, más IVA. El objetivo de esta contratación, según los documentos públicos, es garantizar "la gobernabilidad y el derecho a la información para el buen funcionamiento de una sociedad democrática y el fortalecimiento de la participación ciudadana".

El plazo de ejecución de este primer contrato fue de 90 días. Meses más tarde, el 7 de mayo pasado, la administración de Daniel Noboa contrató un nuevo servicio para pautar y difundir los mensajes del Gobierno Nacional por un monto de 2,5 millones de dólares, más IVA, al consorcio CO-MA, integrado por Mabeca Corporation y Compra Inteligente (Cominon S.A.).

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Este consorcio adjudicado tiene objetivos específicos según el contrato, que aún está vigente y se ejecutará en un plazo de 90 días. Los objetivos incluyen "fortalecer la comunicación desde el Gobierno hacia los ecuatorianos con la difusión de las acciones que ejecuta la Función Ejecutiva, difundir material audiovisual para las campañas de comunicación y -según la particularidad del medio- mitigar la desinformación, la ausencia de comunicación y la generación de noticias falsas que circulan en los medios y visibilizar el trabajo gubernamental".

Las acciones, decisiones y posturas del primer mandatario Daniel Noboa se comunican a través de su cuenta personal de TikTok. Esta plataforma social se ha convertido en el canal oficial del Ejecutivo y el hábitat de la más reciente campaña comunicacional del "Ecuador que Resuelve".

En TikTok no solo se destacan los logros alcanzados y los recorridos en territorio, sino también las decisiones que toma Noboa. Por ejemplo, el pasado 23 de mayo, en un video de 13 segundos, informó que vetaría totalmente las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial.

Según Johanna Naranjo, docente y experta en comunicación política, el presidente ha potenciado esta estrategia porque se dirige a los millennials y centennials. Este grupo etario representó el 54 % del padrón electoral en los comicios de 2023. Por esta razón, agrega Naranjo, Instagram, Facebook y TikTok se han convertido en los pilares digitales del Gobierno, a diferencia de sus antecesores Guillermo Lasso y Lenín Moreno.

El aparato comunicacional del Gobierno de Daniel Noboa ha sido objeto de críticas en varias ocasiones por no abordar adecuadamente las inquietudes de los ciudadanos durante crisis o conflictos. Un ejemplo reciente se dio a principios de mayo, cuando el Ministerio de Ambiente y su administración tardaron más de 48 horas en explicar por qué se estaba talando un manglar cercano al estero Oloncito, en Olón, Santa Elena.

Esto ocurrió después de que se difundiera en redes sociales que el proyecto inmobiliario en el área protegida —que causaba descontento entre los habitantes— estaba siendo impulsado por Vinazin S. A., empresa de la primera dama, Lavinia Valbonesi.

Otra crítica se refiere a la escasa información proporcionada sobre dos de las 11 preguntas de la Consulta Popular y Referéndum, con las que el Gobierno proponía consolidar el trabajo por horas y el arbitraje internacional en el país. Estas dos preguntas recibieron un no mayoritario y rotundo por parte del electorado.

Inicialmente, la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, declaró que la hora trabajada no sería menor a $3 y podría llegar a $7,8 si se incluían horas suplementarias y extras. Días después, las autoridades aclararon que el pago dependería de la labor realizada, lo que generó más incertidumbre.

Además, tras la fuga de Adolfo Macías, alias Fito, al Gobierno de Daniel Noboa le tomó más de 15 horas admitir que el líder de la banda delictiva Los Choneros, brazo operativo del cartel mexicano de Sinaloa, se había escapado. Aún no se sabe con precisión cuándo ocurrió la fuga.

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