Este lunes 2 de diciembre, representantes del Gobierno de Daniel Noboa se presentaron en la Asamblea Nacional de Ecuador para defender la propuesta de reforma constitucional que pretende eliminar la prohibición de establecer bases militares extranjeras en el país. La iniciativa ha generado un intenso debate sobre su posible impacto en la soberanía nacional y la lucha contra el crimen organizado.

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Entre los convocados por la Comisión Ocasional encargada de evaluar la reforma, destacó el secretario Jurídico de la Presidencia, Santiago Andino, quien participó en nombre del presidente Noboa. Durante la sesión, los delegados del Gobierno aclararon que aún no se ha identificado un país específico con el que se buscaría un acuerdo para la instalación de una base militar. En su lugar, subrayaron que la reforma permitiría la creación de acuerdos de cooperación militar, los cuales serían evaluados por la Corte Constitucional y la Asamblea Nacional.

Crimen organizado y seguridad nacional

Durante la sesión, se presentó información según la cual el Gobierno de Noboa ha identificado 22 grupos de delincuencia organizada en el país, clasificados como terroristas. Santiago Andino destacó que un informe de las Fuerzas Armadas subrayó la urgencia de reformar la Constitución para enfrentar el crecimiento de estas amenazas. Además, resaltó que países como Francia, China y el Reino Unido ya cuentan con acuerdos de cooperación militar adaptados a sus necesidades estratégicas.

Por su parte, la canciller Gabriela Sommerfeld explicó que la reforma permitiría la instalación de bases militares extranjeras solo bajo tratados o instrumentos internacionales previamente suscritos, lo que aseguraría un control adecuado. Además, destacó la flexibilidad del concepto de soberanía, señalando que este debe adaptarse a las realidades y necesidades actuales de cada nación.

La reforma propone modificar el artículo 5 de la Constitución para habilitar el establecimiento de bases militares extranjeras en el territorio ecuatoriano. Si la Asamblea Nacional la aprueba en dos debates, la propuesta sería sometida a referéndum, posiblemente en 2025. Sin embargo, hasta el momento, esta iniciativa enfrenta oposición, ya que se considera una amenaza a la soberanía nacional y requiere un proceso legal y democrático previo a su implementación.

El ministro de Defensa Nacional, Gian Carlo Loffredo, también participó en la sesión y resaltó que los problemas que atraviesa el país no son superficiales, sino que tienen raíces profundas que han afectado gravemente la estructura, la sociedad y el Estado. Según Loffredo, esta situación compleja no surgió de manera repentina, sino que es el resultado de décadas de condiciones nacionales caracterizadas por la debilidad institucional y la corrupción.

En este contexto, la propuesta presentada tiene un objetivo claro: recuperar la seguridad para la ciudadanía. Loffredo subrayó que el crimen organizado transnacional ha logrado aprovechar, aunque de manera ilícita, todas las herramientas disponibles para mejorar la conectividad de su logística en operaciones criminales. Esto les ha permitido operar sin restricciones geográficas, fronteras ni límites, representando un desafío significativo para las instituciones del país.

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