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Fernando Alvarado condenado a 5 años por peculado en el caso Secom: detalles de la sentencia
Los exfuncionarios Galo Pacheco, Carlos Bravo y Pablo Yánez también recibieron su sentencia en el caso
Fernando Alvarado, exsecretario de Comunicación durante el gobierno de Rafael Correa, fue condenado a cinco años de prisión por el delito de peculado. La sentencia fue emitida en segunda instancia por el Tribunal de Apelación de la Corte Nacional de Justicia, compuesto por los jueces Mercedes Caicedo, Julio Inga y Marco Rodríguez.
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La misma condena se impuso a Galo Pacheco, exfuncionario de la Secretaría de Comunicación (Secom). En cuanto a Carlos Bravo, proveedor del Estado, y Pablo Yánez, exsubsecretario de Comunicación, sus penas fueron de un año y ocho meses, y un año de prisión, respectivamente. Además, se ordenó el pago de 225,000 dólares como reparación integral.
Sentencias
- Fernando Alvarado, exsecretario de Comunicación: 5 años de cárcel
- Galo Pacheco, exfuncionario de la Secom: 5 años de cárcel
- Carlos Bravo, proveedor, 1 año y 8 meses de cárcel
- Pablo Yánez, un año de cárcel, una pena reducida por su cooperación eficaz.
#AHORA | #CasoSecom: en la @CorteNacional, se reinstala la audiencia de apelación a la sentencia –solicitada por #FiscalíaEc– en la que se ratificó el estado de inocencia de 4 procesados, incluido el exsecretario de Comunicación, Fernando A., por presunto #peculado. pic.twitter.com/beh8GNg3vX
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) September 18, 2024
Sentencia en primera instancia
En 2020 se emitió la sentencia de primera instancia. Los jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Iván León y Daniella Camacho, determinaron que no existía delito de peculado en el caso conocido como Secom y confirmaron la inocencia de los cuatro procesados. Solo el entonces juez Iván Saquicela disintió y emitió un voto salvado.
Este caso se basa en las irregularidades encontradas durante los procesos de contratación de un camarógrafo encargado de monitorear medios opositores y crear productos audiovisuales para las sabatinas de Rafael Correa.
El proceso legal también se deriva de un informe de la Contraloría, que reveló indicios de responsabilidad penal.
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