La expresidenta de la Corte del Guayas, Fabiola Gallardo, actualmente en prisión preventiva por delincuencia organizada desde el 4 de marzo, ha levantado quejas sobre sus condiciones de detención en el Centro de Rehabilitación de Cotopaxi. Durante la visita de la Defensoría del Pueblo, Gallardo informó que durante las primeras dos semanas no se permitió a sus familiares llevarle ropa, toallas, pasta de dientes ni cobijas. Afirmó haber estado nueve días sin agua y que actualmente recibe solo una comida diaria del Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI).

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Gallardo mencionó que la comida consiste en papas cocidas con un vaso de colada, o alternativamente arroz con fideos, lentejas, huevo, plátano o frijoles.

Después de varias semanas, pudo acceder al Economato, donde sus familiares depositan entre 20 y 30 dólares para que pueda comprar alimentos como leche en polvo, galletas y atún. Sin embargo, ha experimentado una notable pérdida de peso debido al frío intenso y la altitud. También mencionó que su abogado dejó una colcha en la Dirección hace un mes y aún no se la han entregado.

La expresidenta denunció tratos crueles y humillantes por parte de policías, militares y funcionarios del SNAI, incluyendo el hecho de que le tomen fotos durante sus traslados, como a centros de salud. Aseguró que militares y policías se burlan del hambre de las internas y que solo se le permite salir al patio durante una hora al día. Además, afirmó haber sido víctima de acoso sexual y haber recibido extorsión y amenazas a pesar de estar en aislamiento.

La Defensoría del Pueblo documentó estas declaraciones en un informe enviado a la Fiscalía, acompañado de fotografías de la celda de Gallardo. En el informe, la Defensoría recordó al SNAI que los internos tienen derecho a tres comidas diarias, garantizadas como sanas, suficientes y nutritivas según la normativa vigente (resolución SNAI-SNAI-2020-0031-R, artículo 50). También destacó la obligación del Estado de velar por la integridad física, psicológica, la libertad de conciencia y religión, así como el derecho a la educación de todos los internos.

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