El estado de excepción en Guayas y Esmeraldas de extenderá por 45 días, según el decreto firmado este 1 de noviembre de 2022, “por grave conmoción interna”, por el presidente Guillermo Lasso.

"Este plazo se fundamenta en la necesidad de mantener presencia reforzada del Estado en el territorio indicado durante el tiempo suficiente para poder fortalecer el orden público”, dice el decreto. El documento se hizo público minutos antes de que entre en vigencia el toque de queda que irá desde las 21:00 hasta las 05:00.

Como en otras ocasiones, se señala que la movilización y participación de las Fuerzas Armadas en las acciones para reestablecer la normalidad es complementaria a las acciones de la Policía Nacional. Ambas entidades deberán coordinar acciones, pero esta última es la responsable del orden público.

Mientras esté vigente el decreto presidencial y no se disponga lo contrario, se suspende el derecho a la libertad de reunión y asociación, en estricta relación con los motivos del estado de excepción, es decir, para limitar la propagación de acciones violentas, para lo cual la fuerza pública queda facultada para impedir y desarticular reuniones en espacios públicos “donde se identifiquen posibles amenazas al orden público y seguridad ciudadana”.

Se suspende el derecho a la inviolabilidad de domicilio, lo que significa que la fuerza pública podrá hacer inspecciones y requisas tendientes a detectar sustancias ilícitas, armas y explosivos a fin de desactivar amenazas en curso o futuras.

Además, queda suspendido el derecho a la inviolabilidad de correspondencia con el fin de que las autoridades puedan identificar, analizar y recopilar los mensajes que tengan como objeto cometer u ocultar algún acto ilícito relativo al motivo del decreto.

También, se restringe en Guayas y Esmeraldas la libertad de tránsito entre las 21:00 y las 05:00 que dura el toque de queda y, quien incumpla la disposición, será puesto a órdenes de las autoridades, salvo que sea parte del sector salud, seguridad pública y privada, abogados que justifiquen la necesidad de movilizarse, trabajadores de los medios de comunicación y personas de la cadena logística que, de igual forma, justifiquen su desplazamiento.

El presidente Lasso también dispuso las requisiciones a las que haya lugar, que estarán a cargo del Comandante General de la Policía y subsidiariamente del Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Estas se harán en caso de estricta necesidad.

El decreto señala que los gobiernos locales que estén dentro del territorio comprendido en la declaratoria deberán apoyar y coordinar con la Policía, Fuerzas Armadas, Ministerio del Interior y Secretaría de Seguridad la seguridad ciudadana, dentro del marco de sus competencias.