El primer debate de la ordenanza que regula el cobro del impuesto a los vehículos en Guayaquil, aprobado el 18 de diciembre en el Concejo Cantonal, ha dado paso a un debate intenso que ha atravesado las paredes del Palacio Municipal. Ahora prevalece y se intensifica en las calles.

(Te invitamos a leer: En licorería de Samanes 7 envasaban cerveza barata y la vendían más cara)

“Al alcalde Aquiles Álvarez no le bastó cobrar ya un impuesto por la contribución de mejoras en obras que se hicieron incluso desde la época de Jaime Nebot, sino que ahora se cobrará esta tasa por rodar. Que arregle primero los problemas que hay en la ciudad, que ponga un freno a la contaminación y a los infernales atascos que a diario vivimos. Esto me parece más que injusto”, se quejó Marco Angulo, ingeniero civil y residente de la décima etapa de la Alborada, en el norte de Guayaquil.

Una opinión similar comparte el arquitecto guayaquileño Diego Lecaro, quien considera que antes de aprobar en segundo debate la ordenanza, la Alcaldía debe fijar la hoja de ruta para dejar claro cómo se cobrará la tasa por los últimos cuatro años que no se cobró, según indicó el Concejo. “Todo es muy confuso, falta transparencia y socialización. Como ha pasado en los últimos años, en Guayaquil todo se ha hecho sin planificación”.

¿Qué respondieron las autoridades?

Según la concejal Emily Vera, la medida, que busca optimizar la gestión financiera del cantón, antes era aplicada por el Servicio de Rentas Internas (SRI), pero desde 2021 la responsabilidad pasó a los municipios. “Por motivos que desconocemos no se realizó, y con esta ordenanza vamos a hacerlo a través de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM)”.

Manuel Salvatierra, gerente actual de la ATM, detalló que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) tendrán diversas fuentes de financiamiento e hizo hincapié en que la administración anterior, bajo el mando de Cynthia Viteri, “dejó irresponsablemente de cobrar este impuesto, por lo cual surge la necesidad de regularizar los cobros de los años anteriores y de ejecutar una cobranza actual”.

Según Salvatierra, el cobro anual del impuesto arrancaría a partir del 15 de enero de 2025 y sería destinado, en su mayoría, a obras de bacheo.

Para conocer por qué se suspendieron los cobros y si habrá algún tipo de sanción para la exalcaldesa o su personal (y de ser así, qué entidad la emitiría), se solicitó una entrevista con el alcalde Aquiles Álvarez, la vicealcaldesa Blanca López, el gerente de la ATM o los ediles actuales que fueron parte de la administración anterior, pero no hubo respuesta hasta el cierre de esta edición.

(Esto también te puede interesar: Miembro de la Armada del Ecuador fue procesado por muerte de Carlos Vega Ipanaque)

El cobro retroactivo: ¿legalidad o exceso?

Sobre esta incógnita que tiene la ciudadanía, que ya ha derivado en un reclamo, César García, abogado y especialista del estudio jurídico García & Partners, explicó que el cobro del impuesto al rodaje es completamente legal, ya que está regulado por el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COTAD), tal como aseguraron los ediles en la última sesión de Concejo.

“Este tributo es un impuesto, no una tasa ni una contribución especial. La ley permite que se exija su pago retroactivo, siempre y cuando no hayan transcurrido más de cuatro años desde que se dejó de percibir”, explicó García, quien añadió que esa es precisamente la duda que tienen ahora los ciudadanos.

“Si se supone que ya pasaron 4 años, ¿se debe cobrar? ¿O será que los 4 años se cumplen recién en diciembre de este año y por eso urge cobrarlo ya?”, se preguntó Andrés Mejillones, conductor y habitante de la quinta etapa de la Alborada.

Daniel Buenaño, también abogado, hizo énfasis -coincidiendo con García- en que, más allá de que el cobro retroactivo sea legal, la falta de gestión oportuna afecta directamente a los ciudadanos, quienes ahora deberán asumir este gasto acumulado.

Respecto a las posibles responsabilidades administrativas de la gestión anterior, García indicó que podría haber una determinación por parte de la Contraloría, aunque considera improbable que existan sanciones penales o civiles.

La ATM, como indicó públicamente el gerente de la entidad, está evaluando mecanismos para suavizar el impacto económico que este cobro representará para los usuarios, quienes dicen sentirse indignados por “nunca ser tomados en cuenta”.

“Siempre nos imponen, jamás nos preguntan. Los concejales no se reúnen con nosotros, lo mismo hacen los directivos municipales, y menos aún los asambleístas. Nadie sabe qué nos urge. Nadie dice cuándo se usará también un buen material para bachear, solo nos dicen que es malo; así como tampoco nos dicen cuándo el río recuperará su vida y harán finalmente funcionar esa Aerovía, que solo plata ha costado”, agregó Karina Arévalo, ingeniera ambiental de la ciudad. 

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!