El ataque a dos hermanos, de Puerto El Carmen, capital del cantón Putumayo (Sucumbíos), ha tenido un giro radical. La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, que conoció de este hecho, hizo una denuncia pública, en redes sociales, y, a través de un documento, acusó directamente a las Fuerzas Armadas (FF.AA.).

El escrito no solo condena una presunta ejecución extrajudicial, supuestamente, a manos de miembros del Batallón de Selva 55 Putumayo (BS55), sino que también es una recopilación de los hechos, los cuales se registraron el 2 de marzo de este año.

Esa fecha, el Ejército detalló que sus miembros, acantonados en esa zona fronteriza con Colombia, fueron víctimas de un ataque armado, perpetrado por miembros del grupo criminal Comandos de Frontera (conformado por disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). Luego de ello, en las calles cercanas a la Capitanía de Puerto El Carmen, aparecieron dos menores de edad con heridas de bala.

Ambos, de 16 y 18 años, fueron llevados hasta el hospital Marco Vinicio Iza, en Lago Agrio, capital de Sucumbíos, para ser atendidos. Luego de dos días, el menor de los dos hermanos perdió la vida por la gravedad de las heridas.

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Lo que realmente habría ocurrido en Puerto El Carmen

La Alianza señaló que, durante las festividades de Carnaval de esa fecha, los dos hermanos estaban disfrutando de los eventos realizados por la elección de la reina. De pronto, ellos y un amigo se subieron a una motocicleta para recorrer Puerto El Carmen.

Este ente civil precisó que los tres chicos se toparon con una camioneta, en la que se movilizaba una patrulla del BS55 Putumayo. “En aquel momento, los chicos se dirigieron hacia la Marina, e inexplicablemente, los militares de la patrulla dispararon en contra de ellos”, se lee en uno de los párrafos.

Los dos parientes quedaron heridos de gravedad, mientras que el amigo tuvo lesiones leves. Luego del viaje de tres horas a la casa de salud de Lago Agrio, la madre habría sido víctima de hostigamiento por parte de policías y militares. Además, la señora denunció que no le entregaban información de sus hijos y mucho menos cuando el menor perdió la vida.

Mientras eso ocurría, los pobladores de Puerto El Carmen hicieron una marcha pacífica para exigir justicia y respuestas. Días más tarde, los residentes recibieron el cadáver el joven, de 16 años, y le rindieron un homenaje.

Militares de Puerto El Carmen, indagados

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El 12 de marzo, un equipo investigador había viajado desde Quito hasta las instalaciones del BS55 Putumayo para allanar el cuartel, en contexto a este ataque contra los menores de edad. Estuvieron presentes un fiscal de la Unidad Especializada en Investigación de Uso Ilegitimo de la Fuerza, el director de Investigaciones de Derechos Humanos y Participación Ciudadana y un miembro de la Unidad Nacional de Investigación con la Fiscalía General.

Los peritos recogieron como evidencias: dos libros de registro de novedades del oficial de guardia del BS55 Putumayo, con 44 hojas escritas, un libro de registro de ingreso de vehículos. Además de 42 horas de informes y oficios, 10 recibos de materiales bélicos y 12 hojas con el listado de asignación de fusiles para el personal de oficial y suboficiales, para el personal de tropa profesional y para los reservistas.

La Alianza denunció que se había solicitado nuevos plazos, “que evidencian la intención de dilatar de manera injustificada la investigación lo que puede conducir a la impunidad”. A esto se agregó que, el día de los hechos, los militares no habrían ayudado a los heridos, sino que se bajaron de la camioneta para recoger los casquillos de las armas disparadas.

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