La desarticulación de un presunto grupo de delincuencia organizada dedicado al tráfico de migrantes, popularmente conocido como coyoterismo, permitió conocer algunas de las nuevas rutas empleadas para llegar -de forma ilegal- a los Estados Unidos de América.

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Tras el operativo, ejecutado en coordinación entre autoridades ecuatorianas y estadounidenses, el pasado 3 de octubre de 2024, se conoció que en una de las travesías irregulares falleció una mujer que tenía el anhelo de llegar a Norteamérica junto a su hijo. Sin embargo, de parte de los investigadores no se informaron detalles de cómo se registraron los hechos ni la identidad de la víctima.

EXTRA accedió a la indagación de este caso y corroboró que la perjudicada fue una señora originaria del cantón Mejía, provincia de Pichincha, cuyos nombres eran Ana del Carmen Quillupangui Caiza. 

El 15 de mayo, ella, su hijo y una vecina emprendieron este viaje tras presuntamente contratar los servicios de una agencia que ofrecía a los migrantes traslados hacia los Estados Unidos, por un pago no menor a 6 mil dólares.

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De acuerdo a las pesquisas, “la travesía duraría 11 días hasta EE. UU., cuyo trayecto iba a ser Ecuador-El Salvador (vía aérea), El Salvador-Honduras (vía terrestre/vehículo) y Honduras-México (vía marítima)”.

Los investigadores dialogaron con el hijo de la víctima, quien junto a su vecina fue detenido al cruzar la frontera de México hacia los Estados Unidos. Él les relató que, “mientras se encontraba caminando en territorio hondureño, su madre se encontraba mal de salud, por lo que fue llevada por otras personas”.

La muerte de la ecuatoriana se registró al día siguiente de emprender su viaje, el 16 de mayo de 2024, en el municipio de Ocotepeque, a unos siete metros de la frontera con El Salvador, de acuerdo a los registros del levantamiento del cadáver.

La repatriación del cuerpo fue el 25 de mayo, desde San Pedro de Sula, a través de la Funeraria San Miguel Arcángel, en Honduras, y la Funeraria Machachi, en Ecuador. Esta última, en su perfil de Facebook, publicó una nota de pesar de parte de los familiares con una imagen de la víctima.

Según consta en el acta de la audiencia, “esta organización facilitó la migración ilícita de compatriotas, incluidos niños, desde Ecuador hacia Estados Unidos”.

Entre los casos expuestos durante la diligencia de formulación de cargos se detalla el de tres niñas que salieron desde el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, de Quito, sin la autorización de su padre. La mujer que las llevaba habría recibido documentos que le permitieron sacar a las pequeñas del país. Esta salida habría sido autorizada por las autoridades migratorias “en razón que los actos notariales se encontraban registrados en el Consejo de la Judicatura”.

La etapa de instrucción en este caso duraría 90 días, pero podría extenderse a 120 si se vincula a algún otro sospechoso. El delito que se investiga es delincuencia organizada, tipificado en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), cuya sanción supera los siete años de prisión.

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