Una jornada de atentados consecutivos, luego de la masacre carcelaria registrada en Guayaquil, fue el cierre del cuarto día de violencia intensa en el Ecuador, el 25 de julio de 2023. Al día siguiente, en el quinto día, en el centro de privación de libertad de Esmeraldas seguían secuestrados quince guías penitenciarios y dos funcionarios administrativos.

El Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI), ente a cargo del sistema penitenciario, ha mantenido el hermetismo durante esta crisis, pues apenas ha brindado datos generales, pese a la insistencia en las solicitudes de información.

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Lo mismo ha ocurrido con la Policía Nacional, que ha evitado responder a temas considerados graves, como la grabación de una especie de ‘mensaje a la nación’ por parte del líder principal de Los Choneros, José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, quien se encuentra recluido en la denominada cárcel Regional, del Puerto Principal.

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Por medio de un video divulgado por su agrupación, el capo criminal hizo un llamado a la paz y anunció que había dialogado con otras bandas, incluyendo las de sus enemigos, para llegar a un acuerdo que llevara a la disminución de las muertes violentas y las extorsiones conocidas como ‘vacunas’. Además, mostraron la intención de entregar su armamento.

En las imágenes se puede ver a Fito acompañado de cuatro escoltas armados y un hombre con vestimenta similar a la que utilizan los agentes de la Dirección General de Inteligencia (DGI), la rama élite de la Policía en labores de investigación.

Para conocer si se trataba de un miembro real de la entidad, la consulta fue elevada al Comando Zonal, en la urbe porteña. La respuesta, por parte de un uniformado, fue la siguiente: “Falso, no han entregado las armas y el supuesto policía de la imagen también es falso, según me indican de la DGI”.

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El mismo requerimiento -del video- se le hizo al director general de Seguridad Ciudadana y Orden Público, general César Zapata Correa, pero su respuesta fue evadir la pregunta, dar la media vuelta y alejarse. Esta acción fue transmitida en vivo, a través de Facebook, por la Policía.

José Serrano, quien fue ministro del Interior en el gobierno de Rafael Correa, aseguró en una publicación que se trata de un mayor de la DGI, en servicio activo. Incluso, dio las iniciales de sus nombres.

¿Y LOS MUERTOS?

Algo en lo que tampoco coinciden las entidades a cargo de las investigaciones es la cantidad de muertos en la ‘Peni’, pues inicialmente el SNAI informó de seis víctimas, luego la Fiscalía publicó que eran 18 y, finalmente, hizo una actualización con 31 fallecidos, pero el miércoles 26 de julio el general Zapata dio otra información, que en realidad son: “11 cadáveres y 29 piezas anatómicas”.

Se consultó al SNAI, para conocer qué cifras manejan, y esta fue la respuesta: “Estamos recolectando información para remitir datos oficiales, de las entidades encargadas del levantamiento e identificación de cadáveres”.

Esta situación reflejaría la falta de control por parte del Estado, explica el analista político César Luis Barthelotti. “Con ello ha fracasado en su tarea de garantizar el orden y la seguridad ciudadana, la consecuencia de ello -desde lo político- es que el Estado deje de ser visto como la entidad encargada de velar por los más básicos intereses ciudadanos y, por ende, la confianza en él se reduzca”, sostiene.

Además, estima que a estas alturas las autoridades ya no tendrían muchas opciones para dar marcha atrás a este problema. “Creo que el Estado tiene la obligación de usar la fuerza, dentro de los límites del Derecho, pero no sé si en este momento sea lo mejor, pues podría causar mayores percances”, concluye.

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