La Fiscalía General del Estado (FGE) procesó a dos ciudadanos, quienes al momento del cometimiento del delito pertenecían a la Policía Nacional, por fraude procesal, en un caso de narcotráfico ocurrido el pasado mes de mayo en Guayaquil.

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Durante la audiencia preparatoria de juicio, la Fiscalía explicó al magistrado que lleva la causa que el pasado 19 de mayo de 2024 uniformados de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) de Guayaquil acudieron a atender una emergencia, por la caída de una cabezal en una cuneta, en la vía Perimetral.

Al llegar al sitio, los agentes se percataron que el vehículo tenía un orificio de bala, por lo que llamaron a la Policía para que tome procedimiento. A los pocos minutos llegaron al sitio los gendarmes Danny C. P. y Joel A. C junto a otros de sus compañeros, quienes se percataron que al interior del vehículo había un alijo de droga, el cual movieron a patrullas, supuestamente para llevarlo como evidencia a las bodegas de la institución.

¿Por qué se implicó a los dos policías acusados en el delito de fraude procesal?

Sin embargo, en el camino la carga desapareció. Sobre este incidente los agentes que intervinieron ese día elaboraron varios informes, en los cuales se reportaban diferentes cantidades de droga encontrada. En el documento escrito por los dos imputados, de los cuales solo uno continúa figurando como miembro activo de la Policía, aseguraban que la carga de droga era de apenas 14 kilogramos.

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Al día siguiente del hecho, uno de los acusados fue capturado en la ciudad de Portoviejo, provincia de Manabí, desde donde fue trasladado hasta el cuartel Modelo, en Guayaquil (Guayas), donde le imputaron cargos por el delito de fraude procesal. La Unidad de Fe Pública de la Fiscalía del Guayas, encargada de la investigación, vinculó al segundo acusado meses después.

Una vez que el juez conoció los elementos de convicción, como partes investigativos y de aprehensión, versiones de los agentes policiales y de tránsito, y el informe de la investigación realizada por la Unidad de Inteligencia de la Policía Nacional, acogió el pedido de la Fiscalía y llamó a juicio de los acusados.

También ordenó como medidas cautelares la prohibición de salir del país y la presentación periódica de los imputados en una unidad judicial; además de estas acusaciones, los ciudadanos también son investigados por asociación ilícita y tráfico de drogas.

Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), el delito de Fraude Procesal, tipificado en el artículo 272 de este cuerpo legal, establece una sanción de uno a tres años de prisión para quien oculte los instrumentos o pruebas, cambie el estado de las cosas, lugares o personas en un procedimiento civil o administrativo, con el fin de inducir el engaño al juez o jueza de la causa.

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