Quieren seguridad. Aquella que, advierten, les prometieron a finales del año pasado y que jamás recibieron y que tampoco vieron en los centros educativos con el estado de excepción aún vigente.

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“Después de los hechos terroristas del pasado 9 de enero se supone que veríamos a policías y militares resguardando las áreas más críticas y vulnerables, pero en los planteles educativos eso no se vio, aun cuando hay distritos como el de Monte Sinaí donde los maestros han sido extorsionados. Hoy (martes 26) está aquí una de las docentes que están en riesgo de muerte. Queremos respuestas”, demandó el presidente de la UNE en Guayas, Hilario Beltrán, quien exige que a estos maestros les den el pase a otras instituciones o distritos.

“Está por iniciar el nuevo año lectivo y nadie dice nada. Estamos indefensos y ante la realidad criminal que experimenta el país y la indiferencia del Gobierno, por primera vez sentimos miedo. Tenemos miedo de volver al aula”, sentenció, haciendo hincapié en que hay compañeros que en Guayaquil barajan ya la idea de dejar la profesión ante la falta de garantías. Otros que han optado por pagar al extorsionador.

“El temor es tal que hay datos que nadie revela por terror incluso a que haya más afectados. ¿Cómo educar bajo esas condiciones? Y es que los alumnos y sus padres son también chantajeados”, alegó.

Según el cronograma oficial, el nuevo año lectivo empezará el 28 de abril, de forma escalonada; aunque desde el 9 de abril los maestros deben ya asistir a las aulas.

“Se supone que se agarraría a los líderes de 27 bandas criminales... pero solo a los hacheros han detenido. El estado de excepción ha sido un fracaso”, dijo Beltrán.

Su queja fue secundada por  la maestra Gilma Barzola, que cuestionó que “nos mintieron;. incluso el día de la revuelta del 9 de enero y después de eso nos vimos expuestos y no se incrementó en lo más mínimo la protección. Llevo más de 15 años siendo docente y jamás, hasta ahora, trabajé en zozobra. Es difícil ser maestro hoy en Ecuador”.

En diciembre pasado, Beltrán denunció que eran ya al menos cien maestros, a nivel nacional, los que habían sido extorsionados, y que zonas como Pascuales, Flor de Bastión, Bastión Popular y Balerio Estacio habían sido tomadas por la delincuencia.

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Asimismo, desveló que de esos 206.000 jóvenes que no habían sido reintegrados en su momento al sistema educativo, 6.000 habían sido captados ya por la delincuencia.

Sobre esta situación y las decisiones que se tomarán antes del inicio de clases, EXTRA solicitó una entrevista a la subsecretaria de Educación de la Zonal 8, Daniela Febres-Cordero, pero no fue concedida hasta el cierre de esta edición.

Que exista silencio por parte de la autoridad, a juicio de los docentes, refleja que las soluciones no llegarán. “Trabajo en un colegio privado del sur de Guayaquil y el temor que sentimos es el mismo que se percibe en las zonas más álgidas de la ciudad. Nos dejaron panfletos meses atrás. Había gente ‘extraña’ merodeando la institución. Tengo dudas de seguir siendo profesora y eso me pone mal. Amo lo que hago, pero estamos batallando solos. No merezco eso, peor aún mi familia”, argumentó una maestra, quien pidió mantener su nombre en el anonimato.

María Tomalá, quien llegó también al sitio con carteles en mano, exhortó a que Educación cubra las partidas de aquellos docentes que fallecieron. “Hay docentes que ganaron ya el concurso de méritos, pero los nombramientos no se los dan. Mientras tanto, hay vacíos en los planteles. En fin, son tantos temas los que hay que tratar y que son una prioridad hoy por hoy olvidada”, aseguró.

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