El año próximo será decisivo para la Fiscalía General del Estado, ya que el mandato de la actual fiscal, Diana Salazar, culmina el 25 de abril de 2025. Este cargo es uno de los principales objetivos de diversos grupos políticos, económicos y hasta criminales que buscan obtener el control sobre la institución encargada de dirigir las investigaciones de delitos.

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El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) es el organismo responsable de designar al nuevo fiscal general. No obstante, este proceso no ha avanzado con la rapidez esperada, y aún no se ha fijado una fecha para la conclusión del concurso destinado a seleccionar al sucesor de Salazar.

Mónica Jaramillo, presidenta del Observatorio de Control Ciudadano, criticó la falta de celeridad del CPCCS en estos procesos: "El CPCCS ha sido caracterizado por iniciar sus procedimientos de manera rápida y luego detenerlos. Esto ha ocurrido en varios casos, y ahora, con el proceso de selección de la Fiscal, que debe concluir sus funciones en 2025, se están revisando más de 500 postulaciones para la veeduría ciudadana", señaló.

En cuanto a las reformas, Jaramillo destacó que el CPCCS está trabajando en una revisión integral de su reglamento, mientras que aún no se ha convocado a los delegados que conformarán la comisión ciudadana encargada de elegir al nuevo Fiscal General, representando a los distintos poderes del Estado.

"Ahora mismo están ocupados con otro proceso de designación, el del Consejo de la Judicatura, pero hemos notado que este también está detenido y sin avances", añadió. La activista también subrayó que desde el Observatorio se realizará un seguimiento riguroso a la conformación de la veeduría ciudadana, ya que estas instancias pueden ser utilizadas para generar retrasos o entorpecer el desarrollo de los procesos.

Las funciones de la Fiscal General del Estado

• Dirigir la investigación preprocesal y procesal penal.
• Promover el acceso a la justicia.
• Cumplir con los principios de oportunidad y mínima intervención penal.
• Tener especial atención al interés público y a los derechos de las víctimas.
• Organizar y dirigir un sistema especializado de investigación, de medicina legal y ciencias forenses.
• Dirigir el sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes en el proceso penal.
• Conceder y revocar las habilitaciones o acreditaciones al personal de la Policía Judicial.
• Expedir los manuales de procedimiento y normas técnicas para el desempeño de las funciones de la Policía Judicial.

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