La asambleísta Pamela Aguirre, de la Revolución Ciudadana (RC), decidió suspender el juicio político contra la ministra del Interior, Mónica Palencia, y acatar la sentencia relacionada con la acción de protección a favor de la legisladora oficialista Inés Alarcón, una medida que fue tomada de forma personal y no como una decisión de bancada, según aclaró su correligionaria Gisela Garzón.

Lee también: Los datos clave de la carta que encontraron en el PC de Jorge Glas: ¿más líos legales?

El miércoles 4 de septiembre de 2014, Garzón explicó que, dentro de la RC, se habían contemplado varios escenarios, uno de los cuales estaba relacionado con la sentencia de la Corte Constitucional (CC), que restringe las acciones de protección en el ámbito legislativo. Para Garzón, la decisión a favor de Alarcón, que le otorgó una acción de protección sobre el orden de los juicios políticos, constituye un "precedente nefasto".

Garzón argumentó que la sentencia implica una interferencia del poder judicial en las decisiones políticas de la Asamblea, algo que considera inadecuado. "La Corte Constitucional ha reconocido que las decisiones de la Asamblea tienen subjetividades y no deberían ser objeto de medidas judiciales como la cárcel o sanciones", dijo Garzón.

Pese a que comprende las razones de Aguirre al actuar desde la Comisión de Fiscalización, Garzón cree que, desde una perspectiva institucional, debió haberse esperado el pronunciamiento de la Corte antes de proceder. "Aquí hubo errores: Alarcón intentó subsanar un tema que debía seguir un camino legislativo; el juez intervino en una función del Estado que no le corresponde, lo que pone en riesgo la independencia de poderes", sostuvo.

Garzón también destacó que, a su juicio, Aguirre no corría el riesgo de caer en desacato, a pesar de las presiones de la bancada oficialista que advertían sobre posibles multas o destituciones si no se cumplía con la sentencia. El Pleno ya había aprobado una resolución que estipulaba el uso de recursos legales pertinentes y la espera de un pronunciamiento de la CC, por lo que, según Garzón, la decisión de Aguirre fue unilateral y ha generado controversia en la bancada correísta.

Garzón, quien lidera uno de los juicios políticos contra la fiscal Diana Salazar, expresó su preocupación por el debido proceso. Subrayó que, de acuerdo con la Constitución, ningún juicio político puede ser tratado si hay otro en trámite, lo que podría derivar en vulneraciones.

Por otro lado, Lucía Jaramillo, legisladora del oficialismo y miembro de la bancada ADN, consideró acertada la decisión de Aguirre. Según Jaramillo, no cumplir con la sentencia habría significado un desacato, ya que fue remitida directamente a la Comisión de Fiscalización. “Lo correcto es respetar el debido proceso y el orden en que fueron presentados los juicios políticos”, sostuvo.

Jaramillo también mencionó que, antes de los juicios contra la ministra Palencia y la fiscal Salazar, ya había otros tres juicios pendientes relacionados con exfuncionarios del expresidente Guillermo Lasso. Según la legisladora, el juez ordenó que se retomaran esos casos en primer lugar, y subrayó que ADN defenderá el trabajo de la fiscal Diana Salazar, quien ha destapado casos de corrupción importantes.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!