La reciente agresión protagonizada por el jefe de seguridad del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, contra un exfuncionario del Municipio ha generado una ola de reacciones y llamados a la acción. La concejala Cinthia García, del Partido Social Cristiano (PSC), solicitó una investigación exhaustiva sobre las acusaciones de coimas que habrían motivado este violento suceso. Según la edil, este caso involucra tanto delitos de índole municipal como pública, por lo que debe ser investigado por la Fiscalía General del Estado.

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Violencia institucional: un problema que debe ser abordado

El incidente ocurrió cuando el jefe de seguridad de Aquiles Álvarez agredió al exfuncionario, quien trabajaba en el Municipio de Guayaquil, tras un breve intercambio verbal. Durante este enfrentamiento, el agresor habría amenazado al exempleado con despedirlo si no accedía a pagar una coima. Ante estos hechos, García subrayó la necesidad de que las autoridades correspondientes actúen, ya que este tipo de situaciones comprometen la integridad de las instituciones públicas y afectan directamente la confianza de la ciudadanía.

La concejala también cuestionó el uso de la violencia como medio para solucionar desacuerdos dentro de las instituciones del Estado, señalando que este tipo de prácticas son inaceptables en una administración pública. En su declaración, destacó que no es la primera vez que surgen denuncias sobre corrupción en la Alcaldía de Guayaquil, por lo que instó a una investigación más profunda sobre las posibles coimas involucradas en este caso.

Por su parte, el alcalde Aquiles Álvarez, en su red social X (antes Twitter), se refirió al incidente indicando que tomará las medidas necesarias para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades. Sin embargo, Álvarez no ofreció mayores detalles sobre las posibles sanciones a su jefe de seguridad ni sobre la investigación interna.

Este caso ha vuelto a poner sobre la mesa el tema de la corrupción en el Municipio de Guayaquil y las denuncias sobre prácticas ilícitas en diversas dependencias. Organizaciones sociales y ciudadanos piden que se tomen medidas más drásticas para combatir la corrupción en el gobierno local y garantizar que las acciones de los funcionarios públicos se alineen con los principios de transparencia y legalidad.

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