Prohibición de salida del país, prohibición de enajenación de bienes por 108.000 dólares y presentación cada quince días ante autoridad competente son las medidas dictadas por Fernando Cabrera, presidente de la Corte Superior de Justicia de Chimborazo, en la audiencia de formulación de cargos al alcalde Delfín Quishpe, Iván Lema, Rafael Quitio. y Manuel Puma, por el supuesto delito de tráfico de influencias en la jurisdicción de Guamote. Se los procesa por un presunto direccionamiento de un contrato con sobreprecios durante la pandemia COVID – 19.

Los documentos de sustento son los recolectados durante el allanamiento al Municipio del cantón Guamote, efectuado el 3 de junio de 2020, y las pericias llevadas a efecto por la Fiscalía provincial de Chimborazo.

El Parlamento Indígena de Guamote denunció en esas fechas ante la Comisión Nacional Anticorrupción capítulo Chimborazo posibles malos manejos en la adquisición de los kits que se entregó a la población durante la emergencia sanitaria. Entre varias acusaciones, Luis Ayol, presidente del Parlamento, afirmó que el alcohol entregado era aguardiente y varias muestras fueron entregadas a Fiscalía. “Vamos a estar atentos, hemos aportado con muestras para que se analice, el trabajo del parlamento es estar vigilante de que todo sea bajo las leyes”, manifestó al término de la sentencia. Él junto a varios miembros del Parlamento siguieron la audiencia telemática desde la oficina de su abogado.

El artículo 285 del Código Integral Penal establece una pena privativa de libertad de 3 a 5 años.

Dentro de las diligencias, la fiscal provincial visitó la casa del exdirector de Compras Públicas del Municipio que, según indicó, puso su renuncia por estar en desacuerdo con el manejo de las compras públicas en el contexto de la pandemia.

“Yo presenté mi renuncia el 30 de abril porque no estaba de acuerdo cómo se estaba direccionando las compras a un solo proveedor, y los costos de este estaban más altos dentro del cuadro comparativo que entregué a la comisión técnica; yo no he hecho ningún proceso, solo realicé el primero y del que están hablando yo no lo hice y el alcalde sabe quién realizó los contratos”, aseveró Víctor Pailiacho, exdirector de Compras Públicas del Cabildo.

José Luis Díaz, abogado de la Comisión Anticorrupción, indicó que se han presentado los cargos, y que corren 90 días de instrucción fiscal para aportar más indicios dentro del caso.

Al inicio se indicó un presunto peculado, pero se cambió el delito a tráfico de influencias.

Con esto son dos precandidatos a asambleístas por Chimborazo que se encuentran procesados. (PO)