Perú es un país ingobernable, y, en este momento, ingobernado. Sin presidente ni mesa directiva del Congreso, dos de los tres poderes del Estado se encuentran vacantes y bloqueados por una clase política vilipendiada por los ciudadanos, que aún siguen enardecidos en las calles tras una semana de crisis.

El Congreso, o mejor dicho, los legisladores peruanos, están ofreciendo una clase magistral de lo que sólo pueden ser trapicheos, manipulación y presiones políticas, alejadas del interés común y bajo una sucesión de negociaciones opacas, intercambio de favores y traiciones varias que parecen tener de rehén al Estado y a sus ciudadanos.

Todo esto pese a que la ciudadanía parece haber llegado al límite de su paciencia, ha tomado las calles e incluso ha sacrificado a dos de sus jóvenes, Jack Pintado (24) e Inti Sotelo (22), asesinados a manos de la policía durante la represión de las protestas que estallaron precisamente para poner fin a estas prácticas.

CAE MERINO

Este domingo arrancó con el sobrecogedor balance de una movilización ciudadana casi sin precedentes en dimensión e intensidad, casi tanta como violencia policial, que en la noche del sábado dejó, además de los dos muertos por disparos de la Policía, casi un centenar de heridos.

Ese balance, desolador por un lado y esperanzador por otro, forzó la renuncia del presidente transitorio Manuel Merino, quien asumió el poder el lunes pasado después de que el Congreso destituyera a su predecesor Martín Vizcarra de un modo legal sobre el papel pero ilegítimo para la inmensa mayor parte de los ciudadanos y juristas.

Merino asumió ya con dudas y luchó para encontrar un Ejecutivo que quedó en manos por el veterano político conservador, Ántero Flores-Aráoz.

Entre ambos se las apañaron para enajenar aún más a la población movilizada, a la que ningunearon y reprimieron con dureza, y no sobrevivieron las consecuencias de la tragedia y de la presión pública, que deshizo su efímero gabinete.

El Congreso que lo había aupado se apresuró a confirmar su salida y hacerla oficial, asustado por la reacción ciudadana.

Perú quedó pues sin presidente y con un Consejo de Ministros que existe formalmente sin poderes y sólo para no caer en "la anarquía", cuyos titulares ya habían comenzado a dimitir durante la noche de violencia entre otras cosas para evadir la responsabilidad legal de los crímenes cometidos.

SIN CONGRESO

Ya sin jefe de Estado, y en un acto de aparente responsabilidad política, los miembros de la mesa del Congreso, cuyo titular era Merino, quien se convirtió en presidente precisamente por ostentar ese cargo, se autodisolvieron para proceder a elegir una regencia.

Tema no menor, pues dada la ausencia de presidentes y vicepresidentes, la elección de un nuevo titular del Congreso equivalía a ponerlo en la presidencia de forma temporal hasta el fin de la legislatura, en julio de 2021.

Con una población que festejaba ya en las calles la salida de Merino, convertido en el símbolo de todas las oscuras formas de hacer política que aquejan al Perú, todo indicaba que los legisladores, contritos, elegirían rápido un sustituto aceptable para la gente y su claro mensaje: nada de trapicheos, nada de corrupción, nada de haber apoyado la destitución ilegítima de Vizcarra.

Sin embargo, muy pocos diputados cumplen con esas características. La negociación se prolongó, pero parecía encarrilada, e incluso se llegó a iluminar una solución que incluía nombrar a la que sería la primera mujer presidenta de Perú, la legisladora izquierdista Rocío Silva Santisteban.

Llegó la votación, y la sorpresa. No llegaron los votos, pues los partidos que habían prometido una cosa, entregaron otra.

Sólo primaron intereses internos y partidarios y pretextos ideológicos por parte de unos congresistas a los que no importó el papelón, ni siquiera darlo a plena vista de una sociedad ya hastiada y deprimida.

El caso es que este plan, que había sido diseñado para contar rápidamente con una mesa del Congreso y en consecuencia, con un presidente de la República a título temporal, se convirtió en un marasmo.

Ahora, ni lo uno ni lo otro y será así como mínimo hasta bien avanzado el lunes, cuando habrá otra sesión para elegir una nueva dirección del Congreso.

Mientras, el país está paralizado y no avanzará hasta que los congresistas encuentren una solución, que no será posible sin pactos y cesiones por parte de grupos que solo generan desconfianza en el público.

La tranquilidad y la gobernabilidad quedaron en juego, pero no parece que la clase política tenga interés en resolver el drama, por encima de Perú y los peruanos, que viven una agudísima crisis política y social a la que añadir la económica y sanitaria causada por el covid-19.