Días antes de la reciente masacre en las cárceles de Cotopaxi y Guayaquil -que dejó 27 muertos en total-, en la Asamblea Nacional hubo dos comparecencias ante la Comisión de Soberanía para analizar la crisis penitenciaria. En las ponencias, hechas por autoridades carcelarias y de la Alianza contra las Prisiones (creada tras los crímenes de febrero), se mostraron problemas que se han ido acumulando con los años.

Uno de los más criticados fue la construcción de las cárceles de Latacunga, Guayaquil y Cuenca, donde hace cinco meses se dio el asesinato de 79 reos. Según Lisset Coba, investigadora social e integrante de la Alianza, el traslado a estos megacentros no solucionó el hacinamiento.

“Se suponía que los sacarían de las ciudades para darles beneficios, pero en realidad las personas privadas de la libertad (PPL) fueron embodegadas. Se las enclaustró”.

En los 37 centros del país hay cerca de 40 mil PPL, cuyas edades van de los 19 a 39 años. La mayoría solo ha tenido educación inicial o bachillerato y hay pocos con estudios universitarios.

Coba dijo que a esta población se le dificultó el contacto con sus familias, rompiendo vínculos afectivos y ahondando en su criminalización. Por eso, para la investigadora no era de sorprenderse sobre una reacción violenta dentro de las prisiones.

Sin representantes

Coba agregó que la solución no es meter preso y dictar sentencias a todo mundo. Lo que se tiene que hacer es pensar en otras formas de justicia, tanto reparadoras y restaurativas.

Actualmente, el 58 % de PPL tiene una sentencia ejecutoriada y el 42 % está en proceso. Y según Jorge Núñez, director del centro de etnografía Kaleidos, otro de los problemas es que no se está haciendo nada para dar beneficios a los presos para acortar sus penas, dependiendo del caso.

“Cuando una persona va a la cárcel, lo primero que piensa es en salir lo más pronto. Ellos no quieren talleres. No nos engañemos”. Ante esto, la solución no es edificar más cárceles, puntualizó.

A su criterio, las inversiones tienen que redirigirse y reforzar el trabajo de organismos como la Unidad de Inteligencia Penitenciaria para que contenga la violencia dentro de los centros.

Según Núñez, esta se ha dado también porque las PPL ya no tienen representantes que hablen por ellos. En 2014, fueron desmovilizadas las organizaciones de prisioneros y se cortó el diálogo con las autoridades. “Ahora, la conversación es directamente con las bandas”, lo que habría propiciado el poder que tienen actualmente.

Una respuesta violenta

Aunque para Vianca Gavilanes, de la fundación Dignidad y también miembro de la Alianza, la violencia desmesurada no debería atribuirse solamente a los grupos delictivos. “Se debe profundizar el debate y analizar esta violencia como estallidos por la opresión, precarización y pésima calidad de vida de las PPL”.

Explicó que en el sistema penitenciario hay muchísimos más problemas que van desde la alimentación, pues no se diferencia la dieta para personas de atención prioritaria.

Gavilanes criticó que los traslados por seguridad en realidad son represalias y una forma de castigo. “Se manejan sin información ni consulta a las PPL ni a sus familias”.

Y con la nueva matanza, del 21 de julio, una solución a los problemas planteados luce lejana.

Decreto

El presidente de la República, Guillermo Lasso, anunció que a través de un decreto se tomarían “cuatro acciones inmediatas”.

La primera consiste en declarar el estado de emergencia en el sistema carcelario, para movilizar los recursos que sean necesarios. La segunda, establecer el control militar en el perímetro de acceso a las cárceles, incluido el primer filtro, para que los policías pasen a los filtros 2 y 3.

La tercera medida fue cesar de sus funciones como director del Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) a Edmundo Moncayo, general en servicio pasivo de la Policía. Y la cuarta, nombrar como su reemplazo a Fausto Cobo, coronel en servicio pasivo de las Fuerzas Armadas.

De estas cuatro ‘acciones’, solo se han cumplido las dos últimas, pues de ese cambio sí existe un decreto presidencial.

Alimentos

Las visitas a PPL seguían suspendidas. Sin embargo, se permitía el ingreso de alimentos y kits de limpieza, como pudo constatar EXTRA el pasado viernes en Guayaquil.

Cambiar la dirección en cárceles

Marcelo Toro, abogado especialista en temas penitenciarios, dijo que estos centros no deben estar en manos de policías en servicio pasivo. “Ellos tienen una formación completamente distinta a una persona que conoce sobre la rehabilitación social”.

Agregó que otro de los problemas fue cambiar la figura de autoridad que tenían los guías penitenciarios dentro de estos lugares. “Como su nombre lo indica, él debe guiar a una PPL. Ahora, ellos pasan afuera de un pasillo sin saber lo que hacen adentro los detenidos”, criticó.

No aumentaron los controles

En un recorrido realizado por los exteriores del Centro de Rehabilitación Social de Varones de Guayaquil, conocido como ‘Peni’, y del Centro de Privación de Libertad Regional, ubicado a medio kilómetro del primero, un equipo periodístico de Diario EXTRA constató que los controles no he han incrementado.

A un costado de los reclusorios, en la vía que lleva al recinto La Germania, solo se observó la presencia de un patrullero de la policía que pasaba junto al cerco perimetral y que en poco tiempo se retiró. En cambio, un grupo de militares permanecía apostado en las afueras de la ‘Peni’ sin realizar controles, pues estos seguían a cargo de agentes policiales.