Rosa Argudo Coronel se encuentra en el centro de al menos tres investigaciones que están siendo llevadas a cabo por la Fiscalía General del Estado. Ella está siendo señalada por presuntos actos de corrupción, tanto en la gestión de las finanzas del Sindicato Nacional Único de Obreros (SinduoIESS), del cual es la secretaria general, como en un aparente tráfico de influencias en el interior de la casa de salud de Cuenca.

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Este hecho salió a la luz en junio de 2024, después de que Soraya Puertas, exgerente del hospital José Carrasco Arteaga, presentara una denuncia. Puertas aseguró tener pruebas sobre las actuaciones de Rosa Argudo Coronel y de sus hijos en relación con supuestos hechos irregulares.

En diálogo con EXTRA, la exgerente señaló que el poder que ostentaba Rosa Argudo Coronel y su familia era un “secreto de pasillo” y que, desde su cargo, logró acceder a una serie de pruebas que demuestran ciertos actos fuera de la ley en los cuales estarían involucrados.

Tras las denuncias presentadas, los asambleístas de Azuay se involucraron en el caso, iniciando un proceso de fiscalización. Además, presentaron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado.

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Según información proporcionada por el asambleísta Adrián Castro, ocho parientes, tanto directos como indirectos de Rosa Argudo Coronel, trabajan en diversas áreas del hospital José Carrasco Arteaga y en la Dirección Provincial del Seguro Social.

Lourdes Angélica Terreros Argudo, Eulalia Maricela Terreros Argudo y Pablo Darío Terreros Argudo son hijos de Rosa Argudo Coronel. Ellos ocupaban diferentes cargos directivos dentro de la casa de salud. Con la llegada del nuevo gerente, Fernando León, se dispuso que dejaran dichos cargos y regresaran a sus partidas originarias.

El patrimonio de la secretaria de SinduoIESS está valorado en 746.662 dólares. Este patrimonio incluye, por ejemplo, dos vehículos y seis bienes inmuebles, entre terrenos, casas y departamentos a su nombre.

Así, Angélica Terreros Argudo retornó a su cargo administrativo en la Dirección Provincial del IESS, después de haberse desempeñado como jefa de la Unidad de Salud de Personal. Por su parte, Pablo Terreros Argudo regresó a su puesto como auxiliar de Farmacia, tras haber ocupado el cargo de psicólogo en el área de primera acogida, a pesar de no contar con un título profesional que respaldara su función.

Además, dentro de la investigación en curso se encuentran los contratos adicionales que Angélica Terreros Argudo mantenía con el hospital a través de la empresa JPP Vending Market, la cual instaló máquinas dispensadoras de bebidas y alimentos en diversos espacios del hospital.

Puertas reveló que se firmó un convenio en 2023 que omitió todos los procesos de contratación pública para la instalación de tres máquinas (dos de alimentos y una de café). Sin embargo, el 15 de junio de 2024, la cantidad de máquinas aumentó a ocho sin ningún tipo de control ni adenda al convenio inicial.

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Otro hecho denunciado es que la hija de Rosa Argudo Coronel habría estado cobrando a las personas recicladoras de la Fundación Alianza en el Desarrollo por llevarse el material del hospital.

Una representante de la organización confirmó este hecho a EXTRA, detallando que se les cobraba hasta 60 dólares por semana desde 2023. Informaron sobre este asunto el 26 de octubre de 2023 a Héctor Martínez, quien era el gerente del IESS en esa época.

Sobre este asunto, Fernando León, el actual gerente del hospital, informó a un medio de comunicación de Cuenca que el dinero recaudado por el reciclaje "nunca ingresó a las arcas fiscales del hospital José Carrasco Arteaga".

Otro aspecto que generó dudas en el asambleísta Castro es el elevado patrimonio de Rosa Argudo Coronel, a pesar de que su sueldo mensual como auxiliar central de esterilización es de 1.200 dólares.

Ocho familiares de Argudo laboran en el hospital José Carrasco Arteaga y la Dirección Provincial del Seguro Social.

Para el legislador, los “pseudodirigentes” han estado “sangrando el bolsillo de los trabajadores que están dentro del sindicato” y “a través de sus aportes han permitido que ciertos patrimonios se hayan incrementado de forma desmedida y que se haya mercantilizado la salud”.

Además, aseguró que “la señora Rosa Argudo tendrá que responder ante la justicia; en este momento está en sede judicial, y el efecto de nuestra investigación es que la Fiscalía haya iniciado de forma inmediata el proceso en base a las pruebas”.

Otra de las denuncias realizadas por los asambleístas de Azuay es la adquisición, por parte de la Confederación Ecuatoriana de Trabajadores y Organizaciones de Seguridad Social (Cetoss), del hotel San Juan, ubicado en la calle Antonio Borrero, en el Centro Histórico de Cuenca, y que está dirigido por Rosa Argudo Coronel.

La investigación realizada por los legisladores, y según información proporcionada por el asambleísta Castro, revela que el bien inmueble fue adquirido a Abel Darío Terreros Ortiz, esposo de Rosa Argudo Coronel.

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Según la información predial, Abel Darío Terreros Ortiz adquirió el inmueble en 2006 por 102.700 dólares y en marzo de 2018 lo vendió a Juan José Cordero Guerrero, pareja de su hija, por 600.000 dólares. Finalmente, en mayo de 2018, el hotel fue adquirido por Cetoss por un monto de 750.000 dólares.

Para contrastar la información, este medio intentó contactar a Rosa Argudo por teléfono. En primera instancia, ella solicitó que se le devolviera la llamada, excusándose por estar en una reunión. Sin embargo, posteriormente dejó de responder tanto llamadas como mensajes.

Leonardo Amoroso, fiscal del Azuay, informó que todos los procesos de investigación contra Rosa Argudo Coronel se están llevando a cabo en Quito. Detalló que en Cuenca se recibieron dos denuncias contra la trabajadora: una presentada por el director provincial del IESS, Esteban Villa, y otra por el activista social Sebastián Cevallos.

Sin embargo, aseguró que, después de que los asambleístas interpusieron la denuncia en Quito, ellos solicitaron que todo el caso se manejara en la capital. Por tal motivo, se dispuso que la Fiscalía de Azuay enviara todos los documentos de los dos procesos abiertos que mantenían.

EXTRA solicitó una entrevista con el departamento de comunicación de la Fiscalía para obtener información sobre el avance del caso, pero hasta el cierre de esta edición no se recibió respuesta.

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