La alerta de una familia sobre la presunta filtración de información desde el ECU 911 a las funerarias y a otras entidades puso en tela de duda si la institución cumple con una de las principales labores:dar auxilio a las personas durante una emergencia.

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El 1 de mayo, a una señora le dio derrame cerebral. Sus hijos llamaron a la central para pedir ayuda. Nunca llegó la ambulancia, pero sí asesores de servicios exequiales.

El caso se hizo viral en redes sociales. El 17 de mayo, una de las afectadas ingresó un escrito a la entidad para pedir respuestas.

Dos días después, EXTRA solicitó información al ECU911 al respecto y no fue hasta el 28 de ese mes que, desde el departamento de comunicación, indicaron que “tendremos que esperar a que las nuevas autoridades designen un funcionario para la respectiva vocería”.

Al día siguiente hubo el cambio de director, mientras el ‘pito’ crecía y, en redes sociales, más personas denunciaban la ‘sapada’ de los operadores.

Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se ha obtenido una respuesta oficial sobre el supuesto esquema de corrupción que habría en la entidad.

La primera acción de Ana María Ayala, como la nueva directora de la central de emergencia, fue presentar una denuncia ante el fiscal de Pichincha para que se investiguen los hechos.

Sin embargo, según la abogada Nathalya Salazar, esta decisión no se puede ver como un acto ‘heroico’. Tiene sus implicaciones.

Por un lado, la jurista explica que la autoridad está cumpliendo con su obligación de denunciar hechos que presumiblemente podrían constituir el cometimiento de un ilícito.

Esto, a sabiendas de que el anterior director podría estar inmerso en omisión de denuncia, “que es una contravención que puede ser reprimida con cárcel de 15 a 30 días”.

Salazar explica que, bajo el contexto de la problemática, los delitos que más tendrían cabida en este caso serían peculado o tráfico de influencias. “Una investigación por estos delitos puede estar abierta hasta dos años”.

Por su parte, la abogada Valeria Mena añade que el cambiar de autoridad no implica que no se arrastre responsabilidad. Esta decisión, señala, es una estrategia con la finalidad de que le nueva directora trate de ablandar la situación y que no sigan ‘ensuciando’ el nombre del ECU 911.

“Se podría buscar la manera de que la responsabilidad no es de la institución, sino de los operadores que reciben las llamadas de emergencia”, asegura Mena.

Con respecto al escrito que fue ingresado por la familia afectada, Mena explica que habría implicaciones administrativas, al abrirse alguna indagación dentro de la institución.

Sin embargo, se pueden ‘hacer los locos’ al determinar que no se denunció de manera directa, con nombres y apellidos, al operador implicado y, por falta de elementos, se puede archivar el caso.

Pese a esto, Mena señala que dejan una brecha legal porque en el caso denunciado por la familia afectada existe el hecho de que nunca fue una ambulancia, pero sí llegaron las funerarias. “Se filtró una información confidencial”.

Por lo pronto, los afectados irán con otro escrito la próxima semana para que la nueva autoridad la adjunte a la denuncia interpuesta.

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