El artículo 171 de la Constitución y el 342 del Código Orgánico de la Función Judicial sobre jurisdicción y competencia reconoce las competencias para aplicar la justicia indígena en sus territorios y bajo las tradiciones de cada pueblo originario del Ecuador.

Pero esto tiene un debido proceso, y en el caso de la incineración de un presunto 'vacunador', en el cantón de Guamote, provincia del Chimborazo, no existió, afirman varios expertos.

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Para José Parco, investigador cultural y parte del pueblo Puruhá, aquí no se aplicó la justicia indígena. “Desconozco cómo se dieron las cosas, pero eso no es justicia indígena. Debía existir una asamblea, que pide las competencias. Se podría decir que fue un linchamiento, aunque hay que entender la situación de las comunidades, el miedo que sienten por todo lo que está pasando en el país”, argumentó.

Algunos juristas advierten que incluso los propios indígenas se confunden con ciertos aspectos de la administración de su justicia.

Nina Pacari, exmiembro de la Corte Constitucional, jurista y líder indígena, explicó que el artículo 171 de la Constitución otorga las facultades jurisdiccionales a las autoridades indígenas. “Los principios filosóficos y jurídicos que también existen en nuestra nacionalidad, idioma y nuestras concepciones, son aplicados, pero bajo normas”, aclaró.

Asimismo, subrayó que una justicia no es mejor que la otra, son diferentes. “Hay que tener claros los roles, facultades jurisdiccionales y legislativas dentro de la comunidad para la solución de problemas”.

Raúl Lema, abogado e investigador, explicó que el debido proceso en la justicia indígena es importante. “Se tiene la idea errónea de que se reduce al maltrato o al castigo y vulnera los derechos humanos. Nada más alejado de la verdad, pues es una práctica milenaria que cumple todos los preceptos constitucionales y derechos de los pueblos”.

Su propósito es resolver un conflicto social y recuperar la armonía. “Como (el infractor) infringe una norma colectiva (cae en el mal), la cosmovisión cree en la existencia de una energía negativa que debe ser purificada a través de la limpieza energética y espiritual, con agua, ortiga y fuete. Pero a esto también se suma la parte emocional y psicológica: pedir perdón y recibir consejos de los ancianos. Es una justicia integral, hay un procedimiento. Aquí es donde se confunden hasta los propios compañeros indígenas”, analizó.

Y el proceso no termina con el castigo. Hay una función reparadora. Por citar un ejemplo, si algo ha sido robado, tiene que ser devuelto. Con esto se restaura la paz. Además, hay un seguimiento para el culpable por parte de la junta que nombra una comisión encargada de vigilar la reinserción de quien transgrede las leyes, a la comunidad.

Lema indica que la historia confirma que los pueblos han sabido resolver sus conflictos desde mucho tiempo atrás, pero advierte la aparición de delitos más complejos como trata de personas, narcotráfico, tráfico de armas, y delincuencia organizada. 

Con esto coincide Parco. “Muchos hijos de las comunidades han migrado a las ciudades. Y han caído en esta 'plaga', ya no hay un respeto, ni por la vida de niños, ancianos. Ha prevalecido el individualismo. Son problemas muy complejos de los cuales ni siquiera las máximas autoridades encuentran una salida. Todos los días escuchamos como personas mueren de las más crueles formas, no se permite trabajar, y se llevan lo poco que se ha construido. Esto es una amenaza muy fuerte a la sociedad”, añadió.

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