Colombia firmó este jueves un renegociado acuerdo de paz con la guerrilla FARC para acabar medio siglo de confrontación, luego de que el original fuera rechazado en un plebiscito. El texto será sometido esta vez a aprobación del Congreso, pese a las críticas de la oposición.

El presidente Juan Manuel Santos y el líder de las marxistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Rodrigo Londoño (Timochenko), sellaron el revisado pacto con un balígrafo (una bala convertida en bolígrafo) en un clásico teatro de Bogotá, con capacidad para 800 personas. La discreta ceremonia contrasta con la pompa de la firma anterior, el 26 de septiembre en la caribeña Cartagena ante 2.500 invitados, entre ellos 15 jefes de Estado.

El texto, alcanzado el 12 de noviembre para incluir propuestas de la oposición tras el revés electoral del 2 de octubre, busca poner fin al conflicto armado más antiguo del continente, en que también participaron paramilitares y agentes estatales, con saldo de más de 260.000 muertos, 60.000 desaparecidos y 6,9 millones de desplazados. “La paz nos devolverá la esperanza, la fe en el futuro y la posibilidad de tener un mejor vivir para nosotros y nuestros hijos”, aseguró Santos en el acto.

Timochenko, por su parte, sostuvo que “con este acuerdo no se deponen posiciones ideológicas políticas o de conciencia. Solo ponemos fin de manera definitiva a la guerra, para confrontar civilizadamente las contradicciones”. “El nuevo acuerdo es una oportunidad grandísima que tenemos los colombianos que le apostamos a un país reconciliado”, afirmó Consuelo González de Perdomo, excongresista secuestrada durante siete años por las FARC, invitada a la ceremonia en el Teatro Colón.

Inmediatamente después de la rúbrica, el acuerdo será llevado al Congreso, de mayoría oficialista y donde se espera quede refrendado la próxima semana y se inicie el proceso de implementación. El debate, que se iniciará el martes 29 de noviembre en ambas cámaras, será abierto y televisado, y con participación no sólo de legisladores, sino también de víctimas y opositores. “Estamos asumiendo esta responsabilidad con todo compromiso”, declaró el presidente del Senado, Mauricio Lizcano.

La decisión, sin embargo, es cuestionada por quienes se oponen al pacto, liderados por el expresidente y actual senador de derecha Álvaro Uribe. “Esta decisión desconoce el triunfo del ‘No’” en el plebiscito del 2 de octubre, dijo el Centro Democrático, partido de Uribe, que considera que negar la refrendación popular fue un “golpe a la democracia”.

El uribismo insiste en introducir más cambios al pacto, como el inventario de bienes que las FARC deberán entregar para reparar víctimas o el reporte detallado sobre su participación en el narcotráfico. La oposición rechaza principalmente que guerrilleros culpables de delitos atroces puedan presentarse a cargos de elección antes de cumplir sus penas.

En las calles, algunos colombianos celebraron la noticia. “El país en su mayoría acoge este acuerdo de paz porque hemos vivido una guerra de más de 50 años, ya no queremos más derramamiento de sangre”, dijo Overnis Díaz. Pero otros, como Dayanna Gil, lo cuestionaban. “Debería refrendarse a través de un plebiscito, finalmente es la voz del pueblo colombiano, y sería bueno que cada uno de nosotros opináramos sobre nuestro voto, sobre lo que queremos hacer con nuestro país”.

Este 24 de noviembre comenzarán a correr los tiempos para la implementación del acuerdo, un asunto en que el gobierno y FARC tienen especial premura. “La implementación dependerá de los temas. Por ejemplo, temas como la justicia transicional o la reforma rural tomarán más tiempo porque requieren un andamiaje institucional”, opinó Angelika Rettberg, directora de la maestría en Construcción de Paz de la Universidad de los Andes.

Aunque las partes sostienen un cese al fuego desde fines de agosto, su fragilidad quedó de manifiesto con la reciente muerte de dos guerrilleros en supuestos combates con el Ejército y el asesinato de varios líderes sociales. Según el acuerdo, tras la firma las FARC, nacidas de una sublevación campesina en 1964, deberán comenzar a agruparse en las zonas donde dejarán progresivamente sus armas durante los próximos seis meses, bajo supervisión de la ONU.

La paz, sin embargo, no estará completa mientras siga activo el Ejército de Liberación Nacional (ELN, guevarista), con el que el Gobierno intenta iniciar una mesa formal de diálogo desde hace meses y que no se concreta porque el grupo rebelde no libera a un excongresista secuestrado.