Este jueves 7 de marzo se conoció otro caso de presunto abuso sexual a una estudiante del Colegio SEK Guayaquil. La víctima es una niña de cinco años, según denunció la abogada que lleva el caso, Soledad Angus.

Este hecho se suma a dos denuncias que hizo públicas esta semana el jurista Fernando Rosero, respecto a la violación de dos alumnas de esa institución por parte de tres compañeros durante un viaje a Punta Cana, República Dominicana, en noviembre pasado.

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Angus explicó que este nuevo caso ocurrió a finales del 2023 y, a diferencia de los anteriores, sucedió dentro del plantel. La menor, relató la abogada, dijo haber sido tocada en sus partes íntimas mientras jugaba en una zona de la escuela. Días después, los familiares le encontraron manchas de sangre en su interior.

“Al ser trasladada a la clínica, la doctora llamó a la Policía por una presunta violencia sexual, donde el perito médico legista determinó que la niña tiene un hematoma en sus genitales, es decir había tenido ahí un golpe”, detalló Angus.

Aunque la denuncia por abuso sexual fue interpuesta en la Fiscalía el 8 de diciembre, recién la noche del 6 de marzo el Distrito Zonal de Educación, que no se ha pronunciado en relación a lo ocurrido, conoció de este caso.

“(El Distrito) Dictó medidas de protección para la niña e inició la investigación como violencia de pares”, indicó Angus.

Consultado sobre esta situación, que ha causado indignación colectiva, el Colegio SEK de Guayaquil respondió que “el 11 de diciembre se recibió una denuncia por parte de la madre de una estudiante de cinco años que aseguraba que su hija habría sido abusada sexualmente por un compañerito, también de cinco años”.

Esa institución indicó este jueves 7 de marzo a este Diario que la investigación interna descartó cualquier situación irregular. Expuso que los exámenes médicos realizados por las autoridades competentes y los informes periciales “descartan categóricamente cualquier forma de abuso sexual, lo que es de conocimiento de la madre de la menor, quien a pesar de ello ha solicitado indemnizaciones económicas que son improcedentes”, expuso.

Esta entidad educativa agregó a través de un comunicado público que, a petición de la madre de la menor, se realizó el cierre anticipado del curso el 5 de febrero de 2024, fecha en la que dejó de pertenecer al colegio. El 28 de febrero la institución dijo haber entregado al Distrito la libreta final y el informe académico de la menor.

Este Diario consultó al Ministerio de Educación sobre las acciones aplicadas en este caso, pero hasta la publicación de esta nota no hubo respuestas, lo que ha generado una serie de críticas.

La Fiscalía tampoco se ha pronunciado sobre estas denuncias que exponen, a juicio de especialistas en educación, la carencia de políticas públicas en torno a la prevención de delitos de índole sexual en menores de edad. La ciudadanía también lamenta la poca claridad de los protocolos que emplea Educación y los mismos colegios en estos casos.

“Yo quisiera saber qué pasó con las otras estudiantes que fueron abusadas en Punta Cana. El colegio, según el comunicado que leí que emitió, se deslindó de lo que pasó por evidentemente no darse el abuso en la institución. Sin embargo, me gustaría saber qué pasó cuando regresaron. ¿Los expulsaron? ¿Hicieron que todos estudien juntos? ¿Qué pasó ahora con la pequeña de cinco años? Mejor dicho, por qué pasó”, cuestionó Laura Carvajal, guayaquileña y madre de una menor de 11 años, que exhorta a que en todos los planteles exista una hoja de ruta para detectar a tiempo posibles abusos de cualquier índole.

Para Nadya Donoso, gestora de comunicación y posicionamiento de Cepam Guayaquil, la ausencia de una educación integral de la sexualidad en las aulas propicia un desconocimiento en los menores, lo que les impide limitar ciertas conductas en su contra y denunciar estos hechos.

“En los últimos años el Estado no ha priorizado la defensa de los menores. Este año incluso disminuyó el presupuesto para la atención de violencia contra la mujer, de 17 a 13 millones (de dólares). Lo propio en educación. Tienes profesores sobreexplotados que tienen, en teoría, problemas más importantes por atender, como a una banda criminal captando niños”, manifestó.

Ivo Orellana, quien fue director provincial de Educación del Guayas, sostuvo que ante este tipo de delitos perpetrados en instituciones académicas, se ha establecido una hoja de ruta que, a su juicio, obstruye la posibilidad de agilizar los procesos judiciales. “El reglamento y la ley de educación se han convertido, de alguna manera, en situaciones que retardan la realización del proceso de investigación, que debe ser urgente”.

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