Los casos de 485 personas que pertenecen a grupos de atención prioritaria, afectados por comercializadoras de cocinas de inducción, fueron llevados a la justicia.

El defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira, presentó este lunes 13 de noviembre en el Complejo Judicial Norte de Quito una acción de protección por la afectación sufrida por ese grupo vulnerable.

Los demandados son el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable y la empresa comercializadora Icesa. La irregularidad se habría presentado en la venta de cocinas bajo la modalidad puerta a puerta.

Desde enero de 2015 hasta septiembre de este año se han presentado 2.407 casos. Las personas afectadas denunciaron que recibieron una cocina de inducción con engaños, sin información veraz o con el argumento que serían beneficiadas por políticas sociales si es que aceptaban el electrodoméstico.

En su gran mayoría fueron solucionados con acuerdos que incluyeron la devolución del artefacto o el reembolso del dinero. Pero el defensor explica que ni siquiera eso ha sido cumplido, en especial por la comercializadora Icesa.

De los 485 casos 328 son personas adultas mayores, 62 personas con alguna discapacidad, 93 son personas con doble condición de vulnerabiidad: adulto mayor y algún tipo de discapacidad.

Hay también 241 casos que pertenecen a pueblos y nacionalidades indígenas, 145 casos de personas afroecuatorianos y 61 casos de personas que no cuentan con ninguna instrucción formal.

Con la acción la Defensoría pide que en un plazo razonable el Ministerio habilite los mecanismos de protección y reclamación para los consumidores y se garantice la no suspensión del servicio de energía.

Previo a la presentación de la acción estuvieron en el Complejo Judicial de Quito dos abogados de Icesa. Ellos no quisieron pronunciarse.