El 12 de enero 2024 marcó la vida de Ramón, un taxista de 54 años, oriundo de Manabí, pero radicado hace tres décadas en Guayaquil.

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La noche de aquel día, en las calles Tungurahua y Cuenca, en el centro-sur porteño, fue abordado por una pareja, quienes le solicitaron una carrera a Durán. Cincuenta minutos después terminó amarrado y encerrado en una casa.

Aún con temor, recuerda que cuando estaba a pocas cuadras de llegar al lugar pactado, el hombre que se sentó junto a él, sacó un arma de fuego y lo apuntó en la cabeza. Bajo amenazas de matarlo, lo obligaron a conducir hasta un lugar desolado, donde había al menos otros dos individuos. Uno de los pillos se contactó con un familiar y le exigió 10 mil dólares para no matarlo.

“Todavía se me eriza la piel cuando recuerdo aquella pesadilla. No conforme con llevárseme el carro, me pegaron, llamaron a mi esposa para pedirle plata. Le advirtieron que si denunciaba, me mataban, mis familiares pagaron el dinero, prestando a conocidos. Nunca pusimos la denuncia, aún estamos aterrados, ellos tienen mis datos. Saben dónde vivo”, relató el manabita.

Sin embargo, a pesar del delito del que fue víctima, al no haber asentado una denuncia en la Fiscalía, Ramón no forma parte de las estadísticas de la Unidad Antisecuestro y Extorsión (Unase) de la Policía, que revela que 935 personas han sido secuestradas en Ecuador, desde el 1 de enero al 22 de mayo. Doscientos dieciséis casos más que el 2023 en el mismo período (ver infografía).

Kléber Carrión, fundador de la Unase y experto en seguridad, explica que cuando una persona no denuncia el delito del cual ha sido víctima, forma parte de la cifra negra, es decir, representa los actos delictivos que no son reportados ante el Ministerio Público o que no son objeto de una averiguación, por lo tanto, no configuran en ninguna estadística.

“Muchas personas que han sido secuestradas prefieren no denunciar por miedo, optan por pagar. Es posible que la cifra negra supere el número de casos que han sido puestos en conocimiento de la Fiscalía o de la Policía”, sostuvo el experto.

El 20 de marzo de este año, la Policía Nacional anunció la creación de la Fuerza Investigativa Contra la Extorsión (FICE), cuyo objetivo es contener la incidencia e incremento de los secuestros y extorsiones en cinco zonas conflictivas del país: el Distrito Metropolitano de Guayaquil (DMG), Quito, el cantón Playas y las provincias de Santa Elena y Los Ríos.

Para Carrión, la creación de esta unidad policial no es suficiente para aplacar el auge de secuestros y extorsiones que afecta a la ciudadanía, ya que no son policías especializadas en la investigación de este tipo delito.

“Es difícil creer que va a tener resultados efectivos, porque se necesita el talento humano especializado, la tecnología y la infraestructura necesaria. Además, las limitaciones legales para las investigaciones son caóticas y no se ajustan a la realidad criminológica que estamos viviendo. El ataque que nos hace la delincuencia es brutal, estamos en una desbalanza”, afirma. (AEB)

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