La Fiscalía General del Estado (FGE) informó la decisión judicial en torno al caso de los parientes de Adolfo Macías Villamar, alias Fito, presunto líder de Los Choneros. Según la entidad, se dispuso la prisión preventiva de los seis familiares detenidos. La FGE precisó que se abrió un proceso por el delito de lavado de activos. Para ello se indicó que las indagaciones tendrían una duración de 90 días. Además, se ordenó la incautación de bienes inmuebles y vehículos.

(Además: ¿Por qué fueron detenidos seis familiares de alias Fito y qué les espera?)

La madrugada del 2 de junio se ejecutó el operativo Centinela 6, una acción coordinada entre la Policía y la Fiscalía General del Estado que tuvo lugar en las provincias de Manabí, Guayas y Pichincha. El objetivo era desarticular la estructura económica vinculada a Adolfo Macías Villamar, alias Fito.

Según el ministro del Interior, John Reimberg, durante el operativo se logró la incautación de bienes valuados en aproximadamente 12 millones de dólares, evidenciando el poder económico delictivo que ha sostenido a alias Fito, actualmente prófugo desde enero de 2024, cuando logró evadir su condena y escapar de la cárcel regional de Guayaquil.

Seis familiares de Fito fueron detenidos

En el marco de Centinela 6, fueron detenidos seis familiares directos de alias Fito: sus dos suegros, dos cuñados, un hermano y su pareja sentimental. La Fiscalía General del Estado señaló que los bienes inmuebles incautados estaban registrados a nombre de estas personas, quienes presuntamente prestaban sus nombres para encubrir el origen ilícito de los fondos, una práctica común en los procesos de lavado de activos. La hipótesis fiscal sostiene que estas propiedades y empresas servían como fachadas para blanquear dinero obtenido a través de extorsión, tráfico de drogas y armas, así como el control interno de cárceles.

El operativo también permitió la intervención de cuatro compañías vinculadas a la familia de Fito, entre las cuales se identificaron una empresa de limpieza, una ferretería, una empresa de transporte de carga pesada y una embotelladora de agua. Esta última, según el ministro Reimberg, incluso había suscrito contratos con el Servicio Nacional de Atención a Privados de Libertad (SNAI), lo que demuestra el grado de penetración de esta red delictiva en instituciones públicas.

La Policía Nacional y la Fiscalía informaron que, durante el operativo, se decomisaron 47 bienes inmuebles, 10 vehículos, una motocicleta, así como documentación relacionada con procesos de compra y venta de propiedades. El comandante general de la Policía, Pablo Dávila, cifró el perjuicio económico a la estructura criminal en 13 millones de dólares. Además, con las empresas fachada se habrían lavado más de 24 millones de dólares, lo que refuerza la hipótesis de un sistema financiero paralelo alimentado por actividades ilícitas.

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