El paisaje quiteño va cambiando a medida que se avanza hacia el noroccidente. Solo basta pasar por un par de lomas de la parroquia de Calacalí para que los arenales se conviertan en hojas de palma y el clima empiece a humedecerse. Esa es la entrada a la Mancomunidad del Chocó Andino y comprende las parroquias de Nono, Calacalí, Nanegalito, Pacto, Gualea y Nanegal.

El destino de este espacio de 124 mil hectáreas y que fue declarado como la séptima Reserva de Biósfera de Ecuador se pondrá en ‘juego’ este 20 de agosto, en una consulta popular.

Son cuatro preguntas en torno a la prohibición de explotación de minería metálica artesanal, pequeña, mediana y gran escala. Dentro de estos comicios se toma en cuenta al territorio ubicado en el Distrito Metropolitano de Quito, aunque la reserva se extiende hasta los cantones de Puerto Quito, Pedro Vicente Maldonado y San Miguel de los Bancos. En total son 287.000 hectáreas.

La Mancomunidad del Chocó Andino ha defendido este territorio desde hace aproximadamente 20 años, lo que se consolidó en la recolección de firmas y finalmente la convocatoria a Consulta Popular realizada por el Consejo Nacional Electoral (CNE). En esta zona se ha empezado a explotar oro, plata y bronce.

En esta puerta al trópico, en el kilómetro 44 de la vía Calacalí - Nanegalito, está Teolinda Calle, representante del colectivo Quito Sin Minería y parte de la Mancomunidad. Ella muestra una de las concesiones que están frente al mirador de su negocio. “Esta es para minería a cielo abierto y entiendo que está en fase de exploración”, explica.

Lo que ella muestra, desde el mirador de su casa, es una loma de bosque húmedo donde habitan especies como el olinguito (el más pequeño de los mapaches conocidos), tigrillos, oso de anteojos. “De estos últimos solo quedan 66 monitoreados en este corredor. Están en peligro de extinción”, agrega.

El paisaje tropical se combina con el sonido de las aves. Ese sitio es el mirador de colibríes, que atraídos por las flores y los bebederos que ella colocó dan un gran espectáculo a los turistas. Para Teolinda, el perjuicio principal de la explotación minera es la pérdida de las especies endémicas. “Además, quienes habitamos vivimos del turismo. Donde ahora se ve naturaleza se vería una cantera”, relata.

EL INICIO DE LA LUCHA

Inty Arcos, otro de los habitantes de la zona de Nanegalito, cuenta que la lucha antiminera inició en 2009 con el mandato que pretendía regular las concesiones a nivel nacional. “Acá eso no se respetó, sobre todo porque los dueños de los predios las vendían a otros y luego las concesionaban”, cuenta.

Hace poco más de 10 años, asegura Arcos, la concesionaria de un predio ubicado en el área de conservación Río Pachijal, en Nanegalito, atentó en contra de la familia Miranda a través de un grupo de paramilitares contratados. “Fue algo muy fuerte. Esto se estaba convirtiendo en una zona violenta y decidimos no permitirlo”, agrega.

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Es por ello que varios propietarios de predios acordaron cuidar por sus propios medios el ecosistema. Inty y Teolinda han sido parte de ese acuerdo. Aún así en las parroquias de Pacto y Gualea ya ha habido enfrentamientos entre los pobladores y las empresas concesionarias. “Esa es la zona con más riqueza de metales como el oro y la plata”, explica Inty.

EL AIRE Y AGUA DE QUITO

La belleza del paisaje no es lo único que estaría en peligro, también la calidad del aire y el agua del Distrito Metropolitano de Quito, pues en el Chocó se conservan los últimos ríos no contaminados y que además abastecen del líquido vital a los barrios del noroccidente como Pisiulí, La Roldós, La Concepción, Nono, entre otros.

“Aquí está el sistema de agua más antiguo de Quito. Justo donde se pretende explotar se forman las reservas acuíferas, en la zona llamada el camino de los Yumbos”, explica Inty. Esto generaría que el agua que los quiteños consumen se contamine con metales pesados, sin contar con que los niveles de agua bajarían y, por tanto, habría racionamientos.

La consulta sería la solución a la batalla de los habitantes contra las empresas mineras. Hasta ahora, según Teolinda Calle, la explotación se ha podido detener con juicios, acciones comunitarias y, sobre todo, con la declaratoria en 2018 de Reserva Biósfera por parte del Programa el Hombre y la Biosfera (MAB), de la Unesco.

La razón salta a la vista, la biodiversidad que alberga esta franja de territorio que, además, atrapa 266.000 toneladas de carbono al año. “Galápagos tiene la misma categoría y para todos es impensable que haya minería allí ¿Por qué aquí sí?”, se cuestiona Inty.

UNA ADMINISTRACIÓN PROPIA

Quienes decidirán serán los habitantes de las 65 parroquias urbanas y rurales de la capital, de las cuales seis son parte de la Mancomunidad. En total son 2,01 millones de empadronados para este domingo.

A pesar de ser parte de la urbe y, sobre todo, de tener un 82 % de su biodiversidad, los comuneros se sienten abandonados. “Teníamos un hospital que pasó a ser un centro de salud, por ejemplo”, dice Julio Flores, presidente de la Mancomunidad y de Nanegalito. Por otro lado, reclaman sobre la centralización de los trámites municipales. “Tampoco tenemos acceso a cuestiones de permisos. La administración zonal queda en Cotocollao”, agrega Flores.

Pabel Muñoz, alcalde de Quito, dice que se creará una nueva Administración Zonal específica de la zona para romper estas trabas burocráticas. “Vamos a darle especificidad al tema ambiental, no le podemos dar el tratamiento al Chocó como se administra San Carlos, son otras características”, aclara.

El objetivo es descentralizar las funciones del Cabildo a una zona que es igual de importante que el resto de territorio. Actualmente ya existen 14 concesiones en este territorio que no podrán cancelarse, pero sí negar concesiones futuras.

Guido Acosta, representante de la concesión Victoria Unificada, ubicada en Pacto, aseguró a EXTRA que ninguna de las concesionarias mineras ha explotado el territorio. “Todas estamos en fase de exploración”.

Considera que si se prohíbe la minería legal no se dejaría de buscar metales, sino que se daría paso a la ilegalidad y la falta de control y que su intervención no amenaza a las especies endémicas. “Todavía no tenemos licencias ambientales porque no entramos a la etapa de explotación”, agregó.

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